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OGM

UPA - 22 de octubre de 2009

En una reunión celebrada ayer en el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha mostrado su total disconformidad con la propuesta de modificación del Real Decreto 178/2004 que regula la utilización en España de los OGM (Organismos Genéticamente Modificados). El motivo de este rechazo es la voluntad de derogar el RD 1697/2003, relativo a la Comisión Nacional de Biovigilancia y su sustitución por un Comité Consultivo.

La Comisión Nacional de Biovigilancia, creada en diciembre de 2003, es un órgano de asesoramiento en materia de OGM cuya principal función es informar sobre el establecimiento, desarrollo y aplicación de los planes de seguimiento de variedades transgénicas, así como sobre la coexistencia entre cultivos OGM, convencionales y ecológicos.

Su composición y funciones vienen reguladas por el Real Decreto 1697/2003. Entre estas competencias está la presentación de un informe anual sobre el desarrollo y aplicación de los planes de seguimiento e informar sobre el cumplimiento de las normas de trazabilidad y etiquetado que afecten a las variedades OGM.

Asimismo, entre otros la Comisión tiene como objetivos evaluar los resultados de muestreo para la determinación de los OGM en semillas, alimentos y piensos, informar sobre las prácticas agrícolas para hacer compatible la coexistencia entre la agricultura convencional y ecológica y la agricultura que utiliza OGM y participar en la elaboración de normas relacionadas con estas materias.

La Comisión Nacional de Biovigilancia está integrada por una composición variada de representantes de las Administraciones (central y autonómicas), organizaciones sociales y expertos, entre las cuales se encuentra UPA.

Sin embargo, y a pesar de la petición reiterada de UPA de convocar una reunión de dicha Comisión (la última reunión se celebró hace “escasos” cuatro años) el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM) da por respuesta la supresión de dicho órgano por “falta de operatividad” y lo pretende sustituir por un Comité Consultivo dependiente del Consejo Interministerial de OGM, sin una composición definida ni unas funciones delimitadas, y perdiendo por tanto es estatus legal reconocido actualmente (aunque sin operatividad por falta de voluntad desde el MARM.

Desde UPA apostamos por un órgano tal y como el establecido en la Comisión Nacional de Biovigilancia, ante la importancia que tiene estar presentes y compartir en los debates con la participación de las administraciones gestoras, cuestión de la que adolecería el propuesto Comité Consultivo.

UPA también ha reclamado al MARM una urgente regulación de unas normas sobre coexistencia en materia de OGM previos debates y consultas entre todos las organizaciones y administraciones interesadas e involucradas, tal y como tienen establecidos diferentes países de la UE y eso a pesar de que España con más de 70.000 has de maíz OGM cultivado es el país de la UE con más superficie de OGM.

Por otro lado, UPA quiere hacer hincapié en que en el Plan Integral de Actuaciones para el Fomento de la Agricultura Ecológica 2007-2010 aprobado por el MARM aún no se han cumplido las dos actuaciones referentes a la medida de “transparencia y participación en la toma de decisiones sobre OGM”, las cuales hacen referencia por una parte a la elaboración de una normativa estatal sobre coexistencia y por otra a la creación de una red informativa de estudio y seguimiento de la presencia accidental de OGM en productos ecológicos.

También, UPA solicita que se delimite claramente la responsabilidad por posibles contaminaciones de OGM, tanto en el caso de que afecten a los cultivos convencionales o ecológicos, como para aquellos cultivadores de OGM que cumpliendo con la legalidad pudiesen tener algún problema. Para este último caso, UPA es partidaria de que las posibles responsabilidades recaigan en las empresas comercializadoras de semillas o de las administraciones que hubiesen regulado y autorizado dichos OGM.

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