“Lo que queremos agricultores y ganaderos es que todos trabajemos de forma coordinada para evitar los delitos en el medio rural”, así se ha manifestado la vicesecretaria general de UPA, Montserrat Cortiñas, al término de la reunión que ha mantenido en el Ministerio del Interior junto al resto de organizaciones agrarias.
En el encuentro, al que también ha asistido la secretaria de Administración de UPA, Teresa López, a la sazón presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur), se ha anunciado la creación por parte de la Guardia Civil de los equipos ROCA (Equipos de lucha contra el Robo en el Campo) cuya función será la de incrementar la seguridad de las explotaciones “mediante una vigilancia permanente y una mayor comunicación con los colectivos afectados”. En total, serán 55 equipos con 275 agentes de dedicados en exclusiva a estos cometidos.
El número de delitos cometidos en el campo en 2012 y conocidos por la Guardia Civil suman un total de 15.234. De ellos, 11.201 se han producido en las 15 provincias más afectadas que representan el 74% de las infracciones penales. Por provincias, las más afectadas son Valencia, Sevilla, Almería y Toledo. UPA ha recordado que estos datos no son del todo exactos, dado que el hartazgo de muchos agricultores y ganaderos les lleva en ocasiones a no denunciar.
Reforma del código penal
El Consejo de Ministros del pasado viernes aprobó el Proyecto de Ley de reforma del Código Penal, para que los robos de productos agrícolas y ganaderos, o de los medios e instrumentos para su obtención, puedan conllevar penas de prisión de uno a tres años. Esta pena podrá ser de uno a cuatro años de prisión si la persona que comete el delito porta un arma o pertenece a una organización criminal y comete el delito junto a otro de sus integrantes.
La reforma también contempla el castigo a quien trafique con los productos robados, “pudiendo, llegado el caso, imponer pena de inhabilitación especial, de entre 2 y 5 años para el ejercicio de la profesión o industria que trafique con lo robado, así como la clausura temporal o definitiva del local del que se trate.
En los últimos meses, UPA ha ejercido una importante labor de denuncia de esta problemática, poniendo en conocimiento de las Administraciones los robos y delitos cometidos y buscando la máxima coordinación con las fuerzas de seguridad.