En los últimos días, hemos asistido a la propuesta del Consejo Regulador de la D.O. del Cava de limitar las hectáreas destinadas a la producción de cava en Extremadura (y en el resto de España) ante el temor de una hipotética sobreoferta: “Se trata de un argumento proteccionista y muy restrictivo, que no tiene en cuenta el crecimiento de nuestro producto en los últimos años. Este tipo de planteamientos nos impiden crecer”, señala Catalina García.

García hace hincapié en que esta medida acarrearía “consecuencias muy negativas” para el sector: “Sería una decisión que perjudicaría a toda la comarca de Tierra de Barros, paralizaría las inversiones previstas y supondría un retroceso en el potencial productivo del sector”. La secretaria del Vino de UPA-UCE recuerda que el viñedo es un cultivo “muy social” por lo que las barreras a la producción repercuten directamente en el empleo de la zona: “Necesitamos fortalecer el sector para que se convierta en una opción de futuro para nuestros jóvenes”, subraya García.  

Por ello, la organización profesional agraria se ha sumado a la reivindicación iniciada por el Ayuntamiento de Almendralejo y ha suscrito la petición al Ministerio de Agricultura de rechazar la propuesta del Consejo Regulador de la D.O.  

Cabe recordar que Extremadura cuenta con 471 hectáreas dedicadas a la producción de cava con D.O., que anualmente producen entre 5 y 6 millones de kilos de las variedades Macabeo, Chardonnay y Sauvignon blanc, principalmente.