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Lorenzo Ramos, secretario general de UPA - 28/07/2017
El progresivo despoblamiento de muchas zonas rurales es, sin duda, uno de los mayores problemas demográficos, económicos, sociales y culturales a los que se enfrenta España en la actualidad. Uno de esos problemas que nadie discute, que todos compartimos, que forma parte de las grandes inquietudes colectivas (como el cambio climático, por ejemplo), pero ante el que no se ofrecen las actitudes y las respuestas adecuadas.
El despoblamiento no tiene, lógicamente, la misma dimensión en todos los territorios rurales y hasta en algunos casos puede resultar asumible por las dificultades objetivas para mantener a la población en determinadas zonas. Pero sí resulta evidente que donde hay agricultura, hay vida. Por eso, desde UPA insistimos una y otra vez en la necesidad de favorecer el progreso de la agricultura y la ganadería familiar, que es la única que garantiza el objetivo múltiple de generar trabajo y economía en las zonas rurales, fijar a la población en los pueblos, conservar los recursos naturales, ofrecer a la sociedad alimentos seguros y de calidad, y proyectar hacia el futuro la cultura agraria y alimentaria vinculada a los diversos territorios rurales.
En España, hasta un 13% del territorio es oficialmente un desierto demográfico, ya que su densidad de población es inferior a 8 habitantes por km2. Este despoblamiento, unido directamente a otros de los problemas en la España rural (como el envejecimiento y la masculinización), condiciona de una manera directa el futuro de la actividad agrícola y ganadera en gran parte del medio rural.
No queremos ser tremendistas ni caer en tópicos, pero esta realidad es una de nuestras mayores preocupaciones, a la que dedicamos gran parte de nuestro trabajo sindical en UPA, para revertir o al menos aminorar la tendencia al despoblamiento y muerte silenciosa en esas zonas.
Conscientes del protagonismo principal de la agricultura familiar para luchar contra el despoblamiento y el abandono de zonas rurales, desde UPA reclamamos y proponemos políticas de discriminación positiva hacia los y las profesionales que se embarcan, ellos y sus familias, en aventuras empresariales vinculadas a la agricultura y la ganadería.
Políticas que favorezcan el asociacionismo, el equilibrio en las relaciones contractuales con la industria y la distribución, el objetivo de precios justos para los productos, el fomento de los alimentos y bebidas con indicaciones de calidad, los productos locales y de ciclo corto, la gestión de los regadíos, la incorporación de jóvenes y el relevo generacional, la formación profesional, los seguros agrarios…, entre otras muchas.
La agricultura familiar es determinante para el progreso de las zonas rurales, a partir de la cual se derivan otras actividades económicas industriales y de servicios, con un efecto directo sobre el empleo y la pirámide de edad en los pueblos, evitando el progresivo envejecimiento.
Pero este colectivo de personas activas necesita contar con los servicios adecuados para equiparar su calidad de vida a la de la población de las ciudades. Servicios sanitarios, educacionales, de asistencia social, comerciales, culturales y de ocio, tecnológicos… Llevado este argumento a la anécdota, es fundamental algo tan básico como garantizar que los hijos adolescentes de una familia de agricultores o ganaderos no quieran salir del pueblo porque no tienen un buen acceso a internet.
Tanto la programación en desarrollo rural FEADER (2014/2020) como la reactivación de la Ley de Desarrollo Rural deben constituir, entre otras, unas herramientas adecuadas para conseguir estos objetivos.
La agricultura, como sector estratégico tanto a nivel socioeconómico como por su papel crucial en la gestión de la mayor parte del territorio, es determinante para dinamizar el medio rural y poner freno al grave problema de despoblamiento en numerosas áreas de nuestra geografía.
Desde UPA queremos destacar especialmente el fomento que se debe otorgar a las políticas de desarrollo rural, teniendo como base a la agricultura familiar como modelo principal a potenciar, y también la apuesta por rejuvenecer la población activa en el sector, a través de auténticas políticas de apoyo a los jóvenes agricultores, más allá de las actuales ayudas de incorporación.
UPA lleva años –décadas– defendiendo y reivindicando una estrategia nacional e integral para el medio rural, mucho más allá de lo que atañe a la propia actividad agraria, ya que el futuro de nuestros agricultores y ganaderos pasa evidentemente por el mantenimiento de una PAC y su sistema de ayudas, y está vinculada a la existencia de un mercado transparente que ofrezca unos precios justos por nuestros productos, pero también y de manera imprescindible la viabilidad de nuestras explotaciones está íntimamente vinculada a la equiparación de la calidad de vida del medio rural al urbano, a la dotación de unos servicios e infraestructuras básicas en todo el medio rural, y en definitiva a paliar las grandes diferencias que aún existen entre el medio urbano y el rural.
Todo ello bajo una adecuada coordinación tanto entre los diversos departamentos ministeriales implicados como entre las distintas Administraciones competentes (estatal, regional y local), y por supuesto con la debida interlocución y participación de todos los agentes socioeconómicos directamente relacionados con el medio rural, y de manera prioritaria con las organizaciones agrarias.
El modelo de agricultura y ganadería que representa UPA es aquel constituido por una agricultura familiar que reside y trabaja en el medio rural, y cuya principal renta y dedicación proviene de la actividad agrícola y ganadera. Convencidos de que el progreso de las zonas rurales y el freno al despoblamiento pasa inexcusablemente por el progreso de la agricultura familiar, UPA defiende una serie de propuestas básicas que, por otra parte, fueron compartidas por todas las organizaciones sociales que participaron junto a nosotros en el Comité España del Año Internacional de la Agricultura Familiar, y que se recogen en los siguientes puntos:
> Desarrollo de una política transversal de apoyo a la agricultura familiar, incluyendo una “ley de la agricultura familiar”. Esta política debe contemplar ventajas en las medidas de apoyo, prioridad y preferencia a la agricultura familiar y la remuneración de los bienes públicos aportados (especialmente por las funciones medioambientales que ejerce), entendiendo como agricultura familiar la que gestiona de manera directa la explotación y que esté vinculada al territorio.
> Creación de un Observatorio de la Situación y Evolución de la Agricultura Familiar en el seno del Ministerio de Agricultura.
> Establecimiento de medidas esenciales para el futuro de la agricultura familiar: reorientación de las medidas de la PAC tanto en pagos directos como en desarrollo rural, fomento de contratos territoriales, incorporaciones, cotitularidad y retribución del trabajo a las ayudas familiares, retiradas de la actividad, funcionamiento de bancos de tierras, fiscalidad, inscripción a la seguridad social, desarrollo y tratamiento fiscal de actividades complementarias, sistemas de herencia, formación, desarrollo de mercados locales y de proximidad, etc.
> Actuaciones encaminadas a potenciar y valorizar el papel de la agricultura familiar en la cadena alimentaria con objeto de lograr una mayor transparencia en todo el proceso de comercialización, un reequilibrio del poder de negociación de la producción, una mayor defensa de los intereses de la producción familiar agraria y una estrecha colaboración con los consumidores. Se hace necesario arbitrar mecanismos que permitan la referenciación de precios, la negociación colectiva en determinadas circunstancias, la figura del mediador, la lucha y erradicación efectiva de prácticas abusivas como pueda ser la venta a pérdida. Y todo ello con el objeto de asegurar que la renta de las explotaciones familiares no se vean mermadas por el cada vez mayor poder de la distribución y de la agroindustria.
> Reconocimiento de los bienes públicos ambientales que ejerce la agricultura familiar. Fomento de la aplicación de buenas prácticas agrarias que faciliten la integración de aspectos ambientales en la gestión de las explotaciones.
> Mejorar el acceso a la formación e innovación. Se precisan innovaciones, adaptadas a la agricultura familiar, que mejoren la agricultura sostenible, aumenten la productividad y los ingresos, y contribuyan a hacer frente a los desafíos del cambio climático.
> El futuro de las explotaciones familiares agrarias pasa por visibilizar el papel que en ellas desempeñan las mujeres, apostando por la innovación y el aumento sostenible de la productividad. Deben aplicarse medidas y políticas de acción positiva, que garanticen la igualdad de derechos y obligaciones, de acceso y oportunidades entre hombres y mujeres que trabajan en las explotaciones familiares agrarias.
La consideración estratégica de la agricultura familiar implica la exigencia de determinados requisitos con el objeto de priorizar las diferentes ayudas a los agricultores y ganaderos y a las zonas más necesitadas en función de su dedicación a la agricultura y la ubicación de su explotación en una zona con limitaciones físicas, demográficas o de carácter medioambiental.
La denominada explotación prioritaria se debe fomentar en la asignación prioritaria en todas las medidas de desarrollo rural. En cuanto a titulares de las explotaciones, el agricultor a título principal tiene que estar más protegido y debe beneficiarse de la prioridad en las intervenciones, igual preferencia aunque en menor grado debe tener el agricultor profesional. No obstante, para mantener las estructuras agrarias funcionales, los criterios de admisibilidad deben dar cabida igualmente a los agricultores pluriactivos y a aquellos que lo sean con dedicación parcial. Además, los diferentes tipos de ayudas deben ser diferenciados en función de criterios como la dimensión económica de la explotación, el empleo generado en ella y su ubicación territorial.
Asimismo, UPA reclama la valorización de la función social que ejercen los y las profesionales del campo, y que deberá estar dirigida a aquellos agricultores y ganaderos que residen en el medio rural y que trabajan en su explotación. Una herramienta idónea para lograr este objetivo serían los contratos territoriales de explotación.
En UPA apostamos por el desarrollo local participativo con base en el programa LEADER, considerando al menos lo siguiente:
> Garantizar una representatividad adecuada de los grupos de acción local y el empoderamiento de la población, con canales eficaces de gobernanza y participación, con un mayor protagonismo hacia los agricultores y los ganaderos, y participación de las organizaciones agrarias en los respectivos órganos de gobierno.
> Promover una estrategia territorial en base a un proceso endógeno de concertación público- privada para la aplicación de los Fondos Estructurales, FEADER y FEMP, y otros recursos públicos, que facilite la diversificación económica y la cooperación entre empresas y territorios.
> Utilizar otros Fondos Estructurales para financiar las estrategias de desarrollo local participativo con unos recursos económicos suficientes.
Es imprescindible fortalecer las medidas estructurales en las explotaciones agrarias. Acciones como los planes de mejora con su incidencia directa en la mejora de eficiencia de la explotación, apoyos a la incorporación de jóvenes en la agricultura, mejora y modernización de regadíos o mayores estímulos al asociacionismo y a la constitución de asesorías a las explotaciones agrarias son algunas de las medidas que necesitan reforzarse y ampliar su presupuesto, dado el importante déficit existente y teniendo en cuenta el contexto de fuerte competitividad que tendrá la agricultura europea frente a la progresiva liberalización del mercado mundial.
De igual modo, debe reactivarse la Ley 45/2007, de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, dotándola de un adecuado presupuesto, y elaborando un nuevo Programa de Desarrollo Sostenible del Medio Rural 2015/2021 que complete las actividades recogidas en la programación con cargo a FEADER, asegurando la sostenibilidad de las actividades y la calidad de la vida en el medio rural. Para ello es imprescindible que la coordinación de la aplicación de dicha ley recaiga en Presidencia del Gobierno y que exista un pacto de Estado con la adecuada coordinación y compromiso entre las diferentes Administraciones competentes.
Debe fomentarse en mayor medida la agricultura y ganadería en las zonas desfavorecidas con miras a su papel protector del entorno y del paisaje, como el mantenimiento de suelos, en especial mediante un significativo aumento de las indemnizaciones compensatorias con el fin de igualarlas a la media europea. El hecho de reclamar una potenciación de esta medida se basa en que son acciones que compensan las graves dificultades en que se encuentran las explotaciones agrarias ubicadas en zonas desfavorecidas, en especial aquellas situadas en zonas de montaña y otras zonas que se están despoblando de una manera acelerada y donde la rentabilidad agraria cae precipitadamente a consecuencia del incremento de competencia en el mercado, al que se une las fuertes limitaciones de índole físico que padecen. Estas indemnizaciones se podrían considerar las más directamente ligadas a unas ayudas a la renta, y contribuyen a paliar, aunque muy escasamente, las diferencias productivas de estas zonas.
No es posible llegar a conseguir un medio agrario dinámico y moderno sin tener en cuenta una política de claro apoyo a los agricultores jóvenes, tanto en lo referente a su incorporación como a su actividad agraria cotidiana. El precio de la tierra, la rigidez del mercado y sobre todo la falta del capital necesario, así como la escasez de arrendamientos, son factores limitantes fundamentales para la instalación de jóvenes en explotaciones viables.
Por otro lado, uno de los grandes problemas estructurales de la agricultura española es el alto grado de envejecimiento de su población activa, lo cual condiciona no solamente su relevo generacional sino también la eficacia económica de las explotaciones, su capacidad de innovar, competir y adaptarse y, con ello, el futuro del sector.
Las políticas a favor de la juventud agraria y el relevo generacional constituyen uno de los principales instrumentos para combatir y frenar el despoblamiento en el medio rural, para lo cual UPA propone las siguientes medidas básicas:
Una política de apoyo a la incorporación tiene que enmarcarse en distintos aspectos como las ayudas directas, préstamos a bajo interés, exenciones de impuestos de transmisión y sucesión, flexibilidad de avales, etc.
Cualquier medida que pretenda establecer diferencias o criterios de prioridad entre explotaciones agrarias tiene que tener como elemento diferenciador, desde un punto de vista positivo, a las explotaciones cuyos titulares sean agricultores jóvenes.
Se debe facilitar la transmisión de explotaciones, especialmente en los casos de cese anticipado de la actividad agraria, eliminando obstáculos de tipo restrictivo que impidan o dificulten el acceso a la titularidad de las explotaciones.
La formación de los agricultores jóvenes constituye una de las bazas fundamentales para lograr una agricultura moderna y competitiva. Por ello, es preciso estimular y favorecer el acceso de los jóvenes a programas de formación con contenidos adecuados a sus demandas y necesidades.
Dado el encarecimiento especulativo del mercado de la tierra, es preciso y urgente elaborar medidas dirigidas a favorecer la oferta y arrendamiento de tierras, así como la venta de las mismas.
El asociacionismo debe constituir una de las principales facetas en la participación de los jóvenes en la actividad agraria, por ello se deben priorizar todas las formas asociativas en las que los jóvenes tengan un grado de participación elevado.
Hay que mejorar el entorno rural donde viven los jóvenes, para lo cual se precisa una mejora de las infraestructuras sociales y de la oferta educativa y cultural en el medio rural para facilitar la residencia en dicho medio.
Un programa de jubilación anticipada debe ser fácilmente accesible, tanto para los agricultores que desean cesar en su actividad como para aquellos a los que se traspasan las tierras.
No se puede concebir un programa de jubilación anticipada sin la constitución de organismos de transmisión de tierras, que actúen haciéndose cargo de las tierras en arrendamiento o transmitidas en propiedad, con el objeto de transmitirlas posteriormente según las siguientes prioridades: agricultores jóvenes, ampliación de superficie en pequeñas explotaciones y conservación del medio natural.
(gastos de notaría, registro de propiedad, impuesto de transmisiones, etc.). Asimismo se deben facilitar ayudas en forma de subvenciones y/o créditos para los pequeños y medianos agricultores que compren tierras a los agricultores que se acojan al programa, y puedan así aumentar la dimensión de sus explotaciones.
de la información y la comunicación dentro del medio rural.
En conclusión, las ideas, propuestas y alternativas que planteamos desde UPA vienen a demostrar que frenar el despoblamiento rural es posible y que para alcanzar este objetivo solo hay un camino: reconocer la función estratégica de la agricultura familiar.
Asimismo se demuestra que, en el fondo, estamos hablando sobre todo de una cuestión de actitud, más que de problemas políticos o presupuestarios. De la actitud que adopten las múltiples Administraciones públicas que actúan sobre el medio rural y de los impulsos que transmitan al conjunto de la sociedad, en primera instancia a los hombres y a las mujeres que viven y trabajan en el campo, pero también a la población urbana. Una actitud firme y decidida, que refleje compromiso y se haga permeable a todos los ámbitos.
Todo ello sin caer en tópicos, en falsos bucolismos o neorromanticismos sobre la vida en el campo. Reconociendo que el mundo rural no es uniforme y que hay realidades, problemas y alternativas muy diferentes en unas zonas y otras. Pero que en todas ellas hay una misma evidencia: solo la agricultura familiar puede frenar el despoblamiento rural.
