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UPA - 28/07/2021
¿Cómo demostraré que soy ‘agricultor activo’? ¿Cumpliré los ecoesquemas? ¿Recibiré la ayuda redistributiva? Desvelamos todas las claves de la nueva PAC.
En la Conferencia Sectorial que reúne al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y a las 17 Comunidades Autónomas, celebrada el pasado 14 de julio, se alcanzó por asentimiento un acuerdo importante sobre el Plan Estratégico, que España debe presentar a la Comisión Europea antes de que finalice 2021.
De ello depende la utilización de los 47.000 millones de euros que tiene asignados España para aplicar la nueva PAC en los próximos siete años. El acuerdo no ha sido fácil, y ha tenido que hacerse un gran esfuerzo de consenso para lograr un mínimo denominador común que satisfaga a todas las CC.AA.
A continuación, se recogen los principales aspectos del acuerdo:
Se establece una definición de agricultor “activo” como beneficiario de las ayudas de la PAC. Según el preacuerdo, será considerado “activo” aquel titular de explotación que o bien esté dado de alta en el REASS (régimen especial de autónomos de la seguridad social) o bien sus ingresos anuales procedentes de la actividad agraria representen, al menos, un 25% de su renta total.
Lo realmente significativo es que en la Conferencia Sectorial se haya acordado excluir de la consideración de “activos” a las personas físicas o jurídicas cuyas tierras se dedican como actividad principal al uso de aeropuertos, servicios inmobiliarios, instalaciones ferroviarias, deportivas, recreativas, de abastecimiento de agua… Todas esos titulares recibían de forma incomprensible las ayudas de la PAC, provocando críticas justificadas desde el sector agrario y deslegitimando el sistema de pagos directos. A partir de la entrada en vigor del Plan Estratégico dejarán de ser beneficiarios.
Asimismo, y a fin de evitar la exclusión de los agricultores a tiempo parcial, cuya presencia en muchas regiones españolas es muy relevante, la Conferencia Sectorial, además de fijar ese umbral del 25%, ha acordado que tengan la consideración de “activos” los titulares de explotaciones que reciban una cantidad igual o inferior a los 5.000 euros anuales de ayudas directas. Este reconocimiento se justifica por la labor que la agricultura a tiempo parcial desempeña en la producción final agraria y por la contribución de los pequeños agricultores en la conservación del medio ambiente y el mantenimiento de población en el medio rural.
Finalmente, y para racionalizar el destino y finalidad de las ayudas, se excluyen de su percepción a aquellos titulares que venían recibiendo menos de 300 euros de pagos directos por explotación, umbral que las CC.AA. pueden elevar hasta un máximo de 500 euros. De este modo, se pretende disponer de más recursos para hacer una distribución más equitativa de las ayudas directas.
La llamada “arquitectura verde” de la PAC está formada por un conjunto de intervenciones dirigidas todas ellas a contribuir, de algún modo, a la sostenibilidad medioambiental, la lucha contra el cambio climático y la restauración de la biodiversidad vegetal y animal.
La primera de esas intervenciones se refiere a la llamada “condicionalidad ambiental”, que es obligatoria para que un agricultor pueda recibir las ayudas directas del primer pilar; es la mínima contrapartida que, en materia de conservación y respeto del medio ambiente, se les exige a los beneficiarios de dichas ayudas respecto a la gestión de sus explotaciones.
La segunda está formada por las intervenciones y compromisos ambientales y climáticos que, no son obligatorios, pero a los que el agricultor puede acogerse voluntariamente si quiere complementar la ayuda directa con otra vinculada a la introducción en sus explotaciones de determinadas prácticas agrícolas y ganaderas dirigidas a la sostenibilidad ambiental, la lucha contra el cambio climático y la biodiversidad.
En este grupo de intervenciones se incluyen los “ecoesquemas”, así como el programa agroambiental y las indemnizaciones compensatorias a zonas con limitaciones naturales y áreas de la red Natura 2000 (ambos con cargo al fondo FEADER del segundo pilar). A esos programas deben añadirse aquellos proyectos de mejora y modernización de explotaciones que supongan una mayor racionalización en el uso de los insumos y una reducción de los gases de efecto invernadero.
El acuerdo sobre el Plan Estratégico determina, además, que se le asigne al citado programa agroambiental y al de las indemnizaciones compensatorias un presupuesto similar al que han venido recibiendo en el periodo anterior. En el caso de los “ecoesquemas”, que es un programa nuevo, se le asignará el 23% del presupuesto destinado a las ayudas directas.
Dada su complejidad técnica, se ha considerado con buen criterio que el contenido definitivo de los “ecoesquemas” se cierre en la próxima Conferencia Sectorial. No obstante, se ha aprobado una serie de orientaciones generales, que se han incluido en el acuerdo del 14 de julio: preservación y mejora del contenido en carbono orgánico de los suelos (mediante el mantenimiento de pastos y cubiertas en tierras de cultivo); la introducción de prácticas agroecológicas (mediante rotaciones con especies mejorantes y la inclusión de elementos de biodiversidad en tierras de cultivo, como islas, márgenes de vegetación y superficies no productivas); la aplicación de técnicas asociadas a las agriculturas de precisión y de conservación (mediante acciones que impulsen la gestión sostenible de los insumos o el uso racional de los pastos).
Una novedad respecto a la PAC anterior es la inclusión de la llamada “condicionalidad social”, para algunos innecesaria (por obvia), y para otros, imprescindible a fin de asegurar las condiciones laborales de los trabajadores agrícolas.
Esta nueva condicionalidad consiste en exigir al beneficiario de las ayudas el cumplimiento de la normativa laboral, así como de las directivas europeas en materia de salud, seguridad y protección de las personas que trabajan en la explotación. En el preacuerdo se establece el cruce de datos entre los departamentos de inspección de trabajo y de agricultura para corroborar ese cumplimiento.
El 60% del presupuesto del primer pilar se destinará a financiar las ayudas directas a la renta, que, como sabemos, constituye una importante red de seguridad para los agricultores, representando casi un tercio de sus ingresos. Además, se crea un pago complementario (redistributivo) para las primeras hectáreas (umbral que se determinará en reuniones técnicas posteriores), con objeto de compensar a los pequeños agricultores (el 10% del total de las ayudas directas se destinará a ese pago complementario).
Respecto a las ayudas directas, el acuerdo del Plan Estratégico fija en 100.000 euros la cantidad máxima de ayuda que puede percibir un solo beneficiario (capping), lo que constituye una novedad, ya que es la primera vez que España asume ese compromiso. A partir de los 60.000 euros se establece una reducción de la cuantía por tramos: un 25% para el tramo 60.000-75.000 €; un 50% para el tramo 75.000-90.000 €, y un 85% para el tramo 90.000-100.000 €.
Con objeto de que esa medida no tenga efecto negativo en la generación de empleo, el beneficiario podrá deducirse de los costes salariales de las personas contratadas en la explotación, así como de los costes laborales incluidos en la contratación de empresas de servicios agrícolas.
Respecto al tema de la convergencia de las ayudas directas, que tanta controversia ha originado, se mantiene su diferenciación por regiones, lo que significa renunciar a una “tasa plana” única para todo el territorio nacional
Sin embargo, se ha acordado reducir el número de las actuales 50 regiones de referencia, hasta un máximo de 20. Es una clara señal de abogar por un periodo gradual de transición para evitar efectos drásticos en la distribución de las ayudas, y también en un evidente reconocimiento de la diversidad productiva de la agricultura española (por ejemplo, Baleares será considerada por su carácter insular una única región a efectos del cálculo de las ayudas directas, dado que no dispone de un POSEI como sí lo tiene Canarias). De hecho, y en aras del reconocimiento de esa diversidad, se ha acordado diferenciar dentro de cada región de referencia cuatro áreas productivas: superficies de pastos permanentes; cultivos herbáceos de secano; cultivos herbáceos de regadío, y cultivos permanentes.
Asimismo, se ha acordado que la cuantía de la ayuda básica a la renta se concederá a partir de 2023 sobre la base de los derechos individuales de pago que estén asignados a cada beneficiario al finalizar la campaña 2022. Ello significa, en la práctica, suprimir el antiguo sistema de “derechos históricos”, implantado en 2006, y sustituirlo por otro sistema de cálculo más actualizado, incorporando los efectos de la convergencia establecida en el actual decreto de transición.
El objetivo final es que cada derecho de pago converja hacia el valor medio de cada una de las regiones establecidas. No obstante, en aras del consenso, se ha acordado que tal convergencia se hará de forma gradual en cinco etapas iguales, comenzando la primera etapa en 2022, para que la cuantía de la ayuda correspondiente al año 2026, alcance al menos el 85% del valor medio de la región de que se trate.
Para facilitar que todos los titulares que tengan la condición de “agricultor activo” puedan beneficiarse del sistema de ayudas directas, hasta ahora restringido a los que tienen “derechos históricos”, el acuerdo del Plan Estratégico regula el acceso a la “reserva nacional de derechos” por parte de los agricultores que no disponen de derechos de ayuda.
El Plan Estratégico establece el siguiente orden de prioridad para acceder a dicha “reserva” y poder así adquirir derechos de pago :
Se ha acordado mantener las ayudas acopladas a la producción en determinados sectores de importancia estratégica y especialmente sensibles, como es el caso de los cultivos proteicos (para reducir nuestra dependencia externa de las proteínas vegetales). Sectores con poca base territorial, como la ganadería extensiva o la producción láctea, también recibirán ayudas acopladas, dado que, en la práctica, estaban excluidos de las ayudas directas por hectárea, debido precisamente a la falta de superficie.
Asimismo, se mantienen los programas de intervención sectorial en vino y frutas y hortalizas, y se crea un nuevo programa de intervención en el olivar tradicional a través de organizaciones de productores (con una dotación de 30 millones de euros anuales), lo cual es un importante apoyo a este sector cada vez más diferenciado del olivar intensivo y superintensivo, y cuya función social y medioambiental es de especial relevancia en muchos territorios.
Con cargo al FEADER, las ayudas del segundo pilar son cofinanciadas con las CC.AA. El preacuerdo del Plan Estratégico establece que el MAPA les transferirá el 30% de la financiación correspondiente a cada una de las acciones que forman parte del segundo pilar de la PAC: el programa de instalación de jóvenes; los proyectos de modernización y mejora de las explotaciones agrarias; las acciones Leader de la estrategia DLCL (desarrollo local); el programa agroambiental; las indemnizaciones compensatorias a zonas con limitaciones naturales y áreas de la Red Natura 2000…
Estos dos últimos programas y las acciones de modernización que impliquen reducción de emisiones GEI tienen la consideración de intervenciones de tipo ambiental. Por ello, como he señalado, el presupuesto asignado a ellas computará con el de los ecoesquemas a efectos de cumplir con el objetivo de la arquitectura “verde” de la PAC.
Una interesante novedad del acuerdo alcanzado en la Conferencia Sectorial es la posibilidad de que las CC.AA. puedan añadir recursos adicionales a los que les corresponden para financiar determinados proyectos de desarrollo agrario y rural. Asimismo, es también del máximo interés que se ratifique la posibilidad de que esos proyectos puedan financiarse con recursos no públicos (top-up), de tal modo que no queden sin utilizarse los del FEADER por falta de cofinanciación pública.
El proyecto de Plan Estratégico Nacional presta una atención especial al tema del relevo generacional y a la desigual situación de las mujeres en el medio rural, destinando recursos a fomentar la instalación de jóvenes en la agricultura y a promover la igualdad de género.
En lo que se refiere a los jóvenes se ha acordado complementar con un plus la ayuda directa (primer pilar) que les corresponda, hasta el punto de permitirles llegar incluso a duplicar dicha ayuda anual por hectárea durante cinco años (hasta un máximo de 100 has). Además, el joven recibirá una ayuda importante (del segundo pilar) para financiar su proyecto de instalación, y que puede llegar hasta los 100.000 euros.
Respecto al apoyo a las mujeres para fomentar la igualdad en el medio rural, se establecen importes adicionales en la ayuda directa a la renta, cuando el beneficiario titular o cotitular de la explotación sea una mujer, así como también en las ayudas al proyecto de instalación en el caso en que quien se instale como titular sea también una mujer.
Información elaborada con la colaboración del Gabinete Técnico de UPA y el profesor Eduardo Moyano Estrada.
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