Cuando conocimos hace unos meses los acuerdos presupuestarios de la Unión Europea para los próximos años, en un contexto global tan extraordinario y excepcional como el que estamos viviendo en la actualidad, valoramos en su justa medida el compromiso político de todos los Gobiernos europeos para alcanzar consensos y abrir puertas a la esperanza de que las salidas a las crisis pasan siempre por soluciones comunes y solidarias.
Así parece, afortunadamente, que está afrontando Europa la gravísima crisis de la Covid-19. Y por el bien de todos, ojalá que no se tuerza.
Y en este ambiente, metidos en el otoño, tenemos ya un acuerdo de los ministros de Agricultura sobre la nueva PAC y otro acuerdo posterior del Parlamento Europeo sobre los reglamentos que deben desarrollar lo acordado por los ministros.
Dos pasos más en el complejo proceso político habitual en la Unión Europea, que no son aún los definitivos, pero sí muy decisivos. Ahora, para llegar a lo concreto y a los detalles, solo falta la negociación de los llamados “trílogos”, que ponen sobre la mesa las propuestas iniciales de la Comisión Europea, el acuerdo del Consejo de Ministros de Agricultura y lo votado en el Parlamento Europeo.
Todo ello, con el objetivo de llegar al final de la carrera, que todavía será larga, con tiempo suficiente antes de que la nueva Política Agraria Común entre en vigor.
Lo conocido hasta ahora, visto desde nuestra posición de agricultura familiar en España, dibuja un escenario que seguro será complejo, difícil, necesitado de tiempo para que nos adaptemos, pero con elementos positivos en tanto que responde a muchas de nuestras reivindicaciones durante largo tiempo.
Entre otras cosas, hablamos de poner un techo razonable al máximo de ayudas por perceptor, eliminar extravagancias como que la PAC diese cobertura a campos de golf, aeropuertos y especuladores; reforzar la figura del agricultor activo, establecer un compromiso real –esperemos que así sea de verdad– con los apoyos a los agricultores y ganaderos jóvenes, o incorporar por primera vez una perspectiva de género en la PAC, poniendo en valor el papel de las mujeres.
Ya sabemos que no será fácil, que los “ecoesquemas” nos van a exigir nuevos retos. Pero, en todo caso, preferimos una PAC que hable de asesoramiento agrario con ayudas específicas para la adaptación al cambio climático y la protección de la biodiversidad, que a unos dirigentes políticos mirando para otro lado cuando se afrontan estos gravísimos problemas, como ocurre en muchos y poderosos países de todos los continentes.
Vamos a tener que pelearlo, con nuestras armas pacíficas del diálogo, la negociación y la movilización sindical. Y especialmente cuando dentro de unos meses el debate se convierta en nacional, porque cada Estado debe diseñar un plan estratégico para la aplicación de la PAC, con un amplio margen de maniobra, más allá del habitual reparto de fondos entre comunidades autónomas al que venimos estando acostumbrados hasta ahora. Con la nueva PAC, la cuestión va a ser más de criterio que de reparto. Y ahí es donde comprobaremos si en España, como Estado federal, que es lo que somos en la práctica, tenemos capacidad y habilidad para convertir el desafío en oportunidad.
