Etiquetas: economía, agricultura, ganadería, sociedad, Navidad, mundo rural, ganadería extensiva, agricultura familiar, balance anual, 2018
UPA - 27/12/2018
2018 será recordado por los agricultores y ganaderos como un mal año por su falta de equilibrio. Y es que las desproporciones entre los cuatro factores que componen la renta agraria (volumen de las producciones, precios de venta, costes de producción y ayudas) han tenido un impacto negativo en los pequeños y medianos productores. Una dramática realidad en el campo que, sin embargo, ha sido invisibilizada y maquillada por los positivos datos macroeconómicos.
A pesar de la mejora meteorológica que 2018 ha supuesto respecto a 2017, cuando la Península Ibérica sufrió la peor sequía de su historia, el campo sigue preso de una alta variabilidad de las condiciones climatológicas, del avance del cambio climático y, sobre todo, de las injusticias de la cadena agroalimentaria.
Sobre este último aspecto, UPA ha explicado que el año 2018 se ha caracterizado por un nivel óptimo de muchas producciones, que ha estado acompañado por “cotizaciones desfasadamente bajas de los precios percibidos por los productores”. A su vez, los costes de producción han experimentado una inusitada subida de precios, sobre todo de la energía, los fertilizantes y los piensos. Por último, las ayudas se han mantenido, por lo que no han podido mitigar la mala situación económica que atraviesan los productores y, lo que es peor, en Bruselas se plantea un drástico recorte de la Política Agraria Común (PAC).
En resumen, durante 2018 el campo ha tenido que asumir cifras récord de sus costes de producción a la vez que ha sufrido el hundimiento del valor de sus productos. Desfases que los productores han tenido que soportar “mientras la espada de Damocles pende sobre sus cabezas”, porque un descenso del presupuesto de la PAC desencadenaría un futuro muy oscuro para la agricultura y ganadería familiares de Europa, han señalado desde UPA.
La Comisión Europea puso sobre la mesa una propuesta de presupuesto para el período 2021-2027 con un serio recorte del presupuesto. UPA ha mostrado su oposición a esta propuesta. Para UPA, “En el estado actual de la Unión Europea, con el auge de los nacionalismos y la ultraderecha y ante un escenario de gran incertidumbre tras las elecciones al Parlamento Europeo previstas para mayo de 2019, hay que poner en valor el proyecto de construcción europea que tiene su mayor exponente en la PAC”.
Por el contrario, la organización agraria ha considerado la propuesta de la Comisión como un “desmantelamiento o renacionalización de la PAC que tendría consecuencias imprevisibles para la delicada economía agraria (ya muy mermada por el arrastre de varias crisis económicas y meteorológicas), para las comunidades rurales y para el medioambiente, a la vez que pondría en peligro el valor añadido que supone contar con un mercado único”.
Además, durante 2018 hemos visto las dificultades a las que se enfrenta tanto el Parlamento Europeo, como el Consejo de Ministros y la Comisión Europea, para avanzar en un posible acuerdo. Esta situación puede suponer un retraso de la entrada en vigor del nuevo modelo de PAC hasta el año 2022 o 2023. UPA ha reconocido que está “preocupada porque los tiempos inicialmente previstos por la Comisión Europea se alarguen y se retrase la aprobación tanto del marco financiero como del nuevo modelo de PAC”. En este escenario “es imprescindible que se garantice el correcto funcionamiento de los actuales mecanismos de la PAC”, han pedido los agricultores y ganaderos.
Otro punto que preocupa a la organización es la propuesta de la Comisión de introducir como gran elemento novedoso el concepto de planes estratégicos. UPA considera que estos no dejan de ser una renacionalización de la actual PAC. Para atajar en la medida de lo posible los negativos efectos que estos planes pueden suponer para el sector agrario, UPA considera necesaria la elaboración de un plan estratégico nacional, que tenga visión integradora y global. Para la organización agraria “es fundamental que dicho plan establezca criterios homogéneos para todos los agricultores y ganaderos de España en temas tan importantes como la definición de agricultor genuino, definición de superficie admisible y actividad agraria, ayuda básica a la renta, ayuda redistributiva, ayuda complementaria para agricultores jóvenes, ayudas asociadas, eco-esquemas, etc.”.
Por último, UPA ha declarado que “las nuevas propuestas de la Comisión introducen nuevos y mayores requisitos medioambientales. Estos nuevos retos solo pueden acometerse con incrementos del presupuesto o mediante la puesta en marcha de medidas de carácter voluntario”.
En opinión de UPA, cualquier definición que se establezca debe tener en cuenta la diversidad de titulares de explotaciones que tenemos en España y la diferente realidad que hay en las Comunidades Autónomas. “El reglamento propone un apoyo a aquellos titulares cuyos ingresos dependen en buena manera de la agricultura, algo que tiene toda su lógica, pero también defiende a la agricultores pluriactivos, quienes gestionan una buena superficie”, han señalado desde la organización.
UPA apuesta por aprovechar la ocasión para hacer una definición clara que permita orientar y priorizar el apoyo público hacia las explotaciones familiares. Además, para la organización sería conveniente establecer criterios más estrictos para poder acceder a mayores apoyos, como los derivados de la ayuda redistributiva o los ecoesquemas, de manera que se rompa la situación actual de “café para todos”. Desde UPA han indicado que los verdaderos profesionales de la actividad deben tener una mejor valoración y, por tanto, deben acceder a ayudas exclusivas para ellos.
UPA ha apoyado la idea de la Comisión sobre el establecimiento de techos por explotación, teniendo en cuenta el empleo generado en las explotaciones. En opinión de la organización, es necesario, además, tener en cuenta las explotaciones asociativas gestionadas por agricultores genuinos, de manera que se considere el número de familias implicadas en dicha explotación. “Tenemos que poner en marcha mecanismos de control para evitar la creación de condiciones artificiales para eludir esta situación. Dependiendo de los límites que se establezcan finalmente y de las condiciones de aplicación, estamos hablando de una limitación que afectará al 0,45% de los perceptores actuales, que cobran más de 560 millones de euros, el 11,4% del total”, han explicado.
Durante 2018, UPA ha hecho múltiples declaraciones por la puesta en marcha de esta ayuda redistributiva y ha pedido que solo puedan acceder a ella los titulares de explotaciones familiares cuya economía depende en gran medida de la actividad agraria, con una limitación de hectáreas por explotación. Esta ayuda debe tener en cuenta la realidad productiva de las diferentes regiones para la fijación del apoyo individual por agricultor, según la organización. Es necesario de nuevo poner en marcha mecanismos para evitar la creación de condiciones artificiales para cobrar dichas ayudas.
UPA apoya la propuesta de la Comisión de destinar al menos el 2% del techo nacional al establecimiento de una ayuda complementaria para los agricultores que se incorporen a la actividad. Pero, además de esta ayuda complementaria, UPA ha especificado que la política de incorporación de jóvenes debe contar con medidas excepcionales dentro del plan estratégico.
Por otro lado, la organización ha indicado que la medida de incorporación de jóvenes debería formar parte de un acuerdo nacional, que establezca los requisitos y condiciones de manera homogénea en todas las Comunidad Autónomas.
Pero, aunque en UPA se han reconocido “de acuerdo con apoyar específicamente a los agricultores jóvenes” tal y como lo propone la Comisión, desde la organización han puntualizado que es preciso establecer una medida específica que tienda a favorecer la movilidad de la tierra, la cesión de la tierra de los agricultores de edad avanzada. “Se trataría de establecer una medida que suponga la asignación de unas ayudas directas a aquellos agricultores que hayan superado la edad de jubilación y que voluntariamente cedan su explotación a un agricultor genuino. Las ayudas serían mayores en función del tipo de agricultor o agricultores que reciban la explotación, de tal forma que se priorice a los jóvenes, y a aquellos que tengan una dimensión máxima. Con esta medida se fomentaría que el agricultor jubilado busque y ofrezca su explotación a otros agricultores con lo que la burbuja inflacionista sobre el precio de la tierra se irá reduciendo. Esta ayuda se daría bajo el compromiso de la cesión total y por un máximo de 7 años”.
“En 2018, las medidas de mercado y de regulación de crisis han sido, nuevamente, las grandes olvidadas de la propuesta de reforma de la PAC”, han dicho desde UPA en referencia al “mínimo presupuesto” del 4,2% que suponen éstas del total de la dotación.
La propuesta de la Comisión supone que los desequilibrios de mercado se enfrenten sectorialmente a través de medidas que puedan poner en marcha las organizaciones de productores o las asociaciones de productores. Pero en su balance, UPA ha explicado que “esto solo puede tener cierto sentido ante pequeñas crisis de mercado, pero no solucionan el problema cuando éstas son de mayor magnitud”. La organización está convencida de que, durante el 2019, la negociación debería encaminarse hacia medidas de gestión de mercado que supongan una red de seguridad ante crisis importantes: “debemos recuperar el almacenamiento privado y la intervención pública que garantice el sostenimiento de nuestras rentas en momentos de profundas crisis de mercado. Se deben actualizar los precios de desencadenamiento, con referencias a los costes de producción y habilitar un procedimiento que sea ágil y rápido”, ha puesto sobre la mesa. La organización también ha considerado “que la reserva de crisis sea permanente, pero que se nutra de los remanentes de la PAC, no de mayores recortes”.
En este apartado, UPA también ha planteado una excepción al derecho de la competencia que permita la negociación colectiva como mecanismo para reequilibrar la capacidad de negociación de la producción dentro de la cadena. “Mientras los representantes de los agricultores y los ganaderos no puedan negociar colectivamente las condiciones de venta de los productos agrarios con la industria y con la distribución seguiremos siendo el sector que absorba todas las presiones de la cadena”, ha lamentado.
Por último, la organización ha propuesto fomentar la vertebración económica del sector productor sobre la base de grandes cooperativas.
A lo largo de 2018, UPA ha trabajado intensamente para lograr que la perspectiva de género entre en la agenda de la UE de cara a las negociaciones de la PAC. Para la organización, “es fundamental reconocer el papel de las mujeres en el sector agroalimentario y en el medio rural en general”. Por eso, UPA ha pedido, junto con la organización feminista rural FADEMUR, “que la PAC defina a las mujeres como grupo prioritario al que dirigir esta política y la necesidad de diseñar planes nacionales enfocados a conseguir una mayor participación y visibilización de las mismas”.
Durante 2018, la principal práctica que ha desequilibrado la cadena alimentaria y que ha provocado la preocupación del sector ha sido la venta con pérdidas. Así ha concluido UPA tras analizar los datos de las memorias de la AICA. Y es que la agencia no es competente en la supervisión y control de la venta a pérdidas pero, sin embargo, nada menos que el 31% de todas las denuncias recibidas a lo largo de 2018 delataban esta práctica. En el primer periodo ese porcentaje llegó al 35%.
El 19 de octubre de 2017 se hacía pública la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo que dictamina que declaró incompatible con la Directiva 29/2005, sobre prácticas comerciales desleales, la prohibición general de las ventas a pérdidas que contenía el hasta ahora vigente artículo 14 de la LORCOMIN. Para adecuar la legislación a esta sentencia, este 2018 que termina el Gobierno aprobó un Real Decreto-ley (RDL) que modificaba dicho artículo. La nueva redacción de la venta con pérdidas en la LORCOMIN no cumple con las expectativas del sector productor porque:
Por tanto, UPA ha acusado al RDL de “quedarse muy corto” en la prohibición de la venta a pérdidas, al limitarlas a los casos de deslealtad o de engaño. Además de los supuestos de competencia desleal (que ya estaban previstos en la Ley de Competencia Desleal y eran denunciables ante los tribunales) únicamente añade como novedad el caso de información falsa y engaño a los consumidores, que es de muy escasa aplicación práctica. “Si antes de la sentencia ya era difícil que una Comunidad Autónoma persiguiera esta práctica e impusiera sanciones, a partir de la publicación del RDL consideramos que va a ser imposible”, ha explicado desde UPA. “De tal forma que nos encontramos con una práctica abusiva que está tipificada en nuestro ordenamiento jurídico, pero que no va a tener efectos prácticos. Esto puede derivar en un incremento de este tipo de actuaciones ante la manifiesta dificultad de su persecución”.
Tras la convalidación del RDL el pasado 20 de diciembre y la posterior votación por unanimidad de su tramitación como Ley urgente, en 2019 se abre un nuevo escenario en el que UPA va a intentar aprovechar para modificar la Ley de la Cadena e incluir la destrucción del valor de la cadena en la Ley de la Cadena: se dará cuando el precio aplicado a un producto sea inferior al de adquisición según factura, deducida la parte proporcional de los descuentos que figuren en la misma o al coste efectivo de producción si el artículo hubiese sido fabricado o producido por el propio operador. En ningún caso las ofertas conjuntas o los obsequios a los compradores podrán utilizarse para evitar incurrir en venta con pérdidas. Evidentemente la cláusula de igualación de precios se eliminaría de la legislación, impidiéndose que un distribuidor pueda vender con pérdidas para igualarse a un competidor.
2018 también nos ha traído un acuerdo sobre la Directiva UE contra las Prácticas Comerciales Desleales (PCD) en el sector agroalimentario. El acuerdo mejora la propuesta de la Comisión Europea de Directiva para luchar contra las PCD que se publicó el pasado 12 de abril y permite contar con unos requisitos mínimos en el control y lucha contra las prácticas comerciales desleales a nivel europeo reforzando a su vez el mercado único.
Para UPA, esta directiva ha supuesto “un paso adelante” porque es la primera vez se legisla sobre prácticas desleales que a nivel comunitario. Hasta ahora había habido intentos de definir códigos voluntarios que afortunadamente no prosperaron. Este nuevo marco concede a los Estados miembros la autoridad necesaria para hacer cumplir la nueva reglamentación e imponer sanciones en caso de infracciones constatadas. La nueva legislación regulará los productos agrícolas y alimenticios que se comercializan en la cadena de suministro de alimentos y prohibirá por primera vez hasta dieciséis prácticas comerciales desleales impuestas unilateralmente por un socio comercial a otro. Otras prácticas solo se permitirán si están sujetas a un acuerdo previo claro y sin ambigüedades entre las partes.
Uno de los puntos de discusión entre las instituciones comunitarias ha sido el ámbito de aplicación a los operadores. El acuerdo establece un mínimo de facturación por debajo del cual el proveedor estará protegido por esta legislación de un comprador si éste tiene mayor de facturación, y propone varios niveles. Sin embargo, a los proveedores cuya facturación supere los 350 millones de euros no se les aplicará esta legislación europea. Finalmente, no se ha tenido en cuenta la propuesta del Parlamento Europeo que proponía un ámbito de aplicación a todos los operadores independientemente de su tamaño, propuesta apoyada por las organizaciones de agricultores, cooperativas e industrias de la UE, los consumidores europeos, y numerosas organizaciones y ONGs.
El otro tema que hace insuficiente la Directiva, en opinión de UPA, es que ésta no ha recogido la petición de la organización, y apoyada por el Parlamento Europeo, de considerar la venta a pérdidas como una práctica desleal.
El acuerdo también amplía la lista de prácticas comerciales desleales incluyendo el abuso de información privilegiada, retorsiones comerciales impuestas por el comprador y pagos impuestos para publicidad o promoción. Además, establece también un periodo de pago mínimo de 30 días y 60 días para productos perecederos y no perecederos, respectivamente.
La Directiva garantiza el anonimato de las denuncias. El acuerdo incorpora que las organizaciones representativas puedan realizar denuncias reforzado así el anonimato de la Directiva algo crucial para el éxito de ésta.
Asimismo, el acuerdo incluye que los operadores de la gran distribución con sede social fuera de la UE, pero que operen en la UE, también se les aplicará dicha Directiva. También recoge que los Estados Miembros pueden establecer disposiciones adicionales algo que protege las disposiciones actuales de la Ley española de Cadena Alimentaria.
Actualmente, hay más de veinte países en la UE con una legislación sobre dichas prácticas, y una ausencia de legislación comunitaria provocaba que cada país estableciera sus propias reglas habiendo sustanciales diferencias de trato entre distintos operadores y distintos requisitos. Con esta Directiva se establece un marco común de actuación algo que es positivo para un mercado único más integrado y para una cadena alimentaria europea más justa y trasparente.
Este año el campo español ha vuelto a sufrir numerosas adversidades meteorológicas, y que se plantean como efectos del cambio climático. A diferencia de 2017, año en el que destacó la sequía, durante 2018 el problema ha sido, fundamentalmente, el exceso de lluvia y en determinadas ocasiones su carácter torrencial, provocando inundaciones y otros daños.
Después de varios años de promesas sobre una Ley de cambio climático que UPA ha reivindicado tanto de manera individual como en el seno de la Alianza por el Clima (plataforma de organizaciones sociales y ambientales), el Gobierno ha planteado finalizando el año, un borrador de Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Un documento que UPA ha puesto en valor tanto por la urgencia como por su contenido y objetivos, ya que debe suponer una herramienta que permita luchar contra el cambio climático cuyos efectos dañinos se acrecientan cada vez más en nuestro sector agrario.
Por otro lado, los resultados de la Cumbre del clima en Katowice (Polonia), la COP 24, celebrada a primeros de diciembre han sido muy poco ambiciosos, en opinión de la organización. Sin embargo, UPA “ve positivo que se siga avanzado, aunque de manera muy lenta, en desarrollar los compromisos adoptados en el histórico Acuerdo de Paris”. Ello pese al informe del IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático), presentado este año en el que dejaba muy claro lo que debían hacer los países para cumplir el objetivo más ambicioso, el de no superar 1,5 º C respecto a los niveles preindustriales (ahora ese aumento ya está en un grado), y que pasa por reducir alrededor de un 45 % sus emisiones sobre los niveles actuales.
Durante el último año, el sector productor de leche de vaca ha perdido en torno a 73 ganaderos al mes. Sin embargo, en 2018 ha aumentado en un 1,8% la producción nacional respecto del año pasado, manteniéndose el precio medio similar al anterior periodo. De esta forma, durante el último año la evolución de los precios de la leche de vaca en España se ha desmarcado de la evolución de las cotizaciones de los productos industriales en los mercados mundiales y de los precios de la leche líquida en los países de la UE. Así, la cotización de la leche líquida en España ha sido un 8,5% inferior a la media de la UE y un 10% inferior al precio medio percibido por los ganaderos franceses.
Al mismo tiempo, los costes en la alimentación se han incrementado respecto del año anterior, tanto los piensos como el forraje, debido a la importante demanda de los ganaderos de otras partes de la UE cuyo músculo económico es mayor que el del sector productor español, empobrecido por los bajos precios que perciben.
El ovino de leche ha continuado sumido este año en la crisis de precios que ya padeció el año anterior. La producción se ha mantenido muy similar a la del año pasado, con un incremento del 0,5%, y los precios han experimentado un descenso del 3% respecto de 2017, que ya fue un año de precios bajos. Por su parte, el precio de los piensos se ha incrementado un 10% en relación al precio del año anterior. Por tanto, han aumentado los problemas para los ganaderos de leche de oveja. 270 de ellos han tenido que abandonar la profesión durante 2018, lo que supone la pérdida de unos 23 ganaderos al mes.
La producción apenas se ha incrementado en un 0,9% respecto al año anterior. Por su parte, los precios comenzaron 2018 ligeramente por encima de los del año anterior para luego mantenerse por debajo, si bien se ha observado una recuperación en otoño. Los piensos han experimentado incrementos de entre el 5% y el 9% en función del tipo. El sector ha perdido en 2018 un total de 330 ganaderos, lo que supone más de 27 ganaderos al mes.
El sector porcino mantiene su tendencia alcista en cuanto a producción, aumentando la misma en un 6.4%. Sin embargo, en el precio se ha producido un descenso del 6.2% interanual.
A lo largo de 2018, cabe destacar la entrada de Peste Porcina Africana (PPA) en Europa, lo que ha generado cierta alarma en el porcino español. La situación ha exigido la toma de medidas preventivas tanto a nivel de granja, como de matadero y de transporte.
Por otra parte, también hay que señalar que el año 2018 ha aumentado muy significativamente la importación, sobre todo de lechones, con respecto al año anterior.
En el sector ovino de carne aumenta la producción ligeramente respecto al año anterior, concretamente en un 5%. A pesar del aumento de producción, 2018 ha sido un año de precios bajos para los ganaderos. A la espera de ver cómo evoluciona el factor precio en las últimas semanas del mes de diciembre, se ha producido una bajada global del precio de aproximadamente un 0.5%.
Los precios durante la primera mitad de 2018 se han mantenido por debajo de los percibidos en 2017 para el mismo período. Sin embargo, se observa un mejor comportamiento a partir de la segunda mitad del año. Destacar que en verano no se ha producido una caída tan brusca en las cotizaciones como sí había ocurrido en anteriores campañas. Por otra parte, el censo de conejos se ha reducido en un 4,5%. Para finalizar, los costes relacionados con el precio de los piensos se han incrementado entre un 7% y un 7,5% en función del tipo.
El año 2018 ha sido muy complicado para la campaña apícola española. Los bajos precios, el incremento de las importaciones y la paralización casi total del mercado en la miel a granel, han provocado una situación realmente difícil para los apicultores. A ello se ha unido la ausencia de un etiquetado claro y transparente de la miel en España. En conjunto, esto ha provocado la reacción del sector promoviendo diversas reuniones con distintos departamentos del Ministerio de Agricultura, fruto de las cuales se ha logrado que se comience la tramitación de un Real Decreto que modificará la actual normativa sobre el etiquetado, obligará a indicar el país de procedencia de la miel y en el caso de mezclas de mieles, los porcentajes de cada país.
Durante el año 2018, los precios de la avicultura de carne se han situado en valores prácticamente idénticos a los de 2017, mientras que es posible que haya habido un ligero aumento de sacrificios. En este año se han mantenido los problemas de muchas granjas para conseguir un contrato de integración con abastecimiento estable de animales. Sin embargo, en la avicultura de puesta el precio medio se ha situado cerca del 12% por debajo de 2017.
La campaña de fruta de hueso ha sido nefasta en verano con precios bajos que no se han correspondido con la realidad, ya que se redujo la producción tanto en España como en el resto de países productores y competidores europeos. Así, la fruta de hueso arrastra ya cuatro campañas con precios ruinosos para los productores.
Para los productores de frutos secos, la campaña ha sido estable en cuanto a precios.
En relación a los cítricos, el final de la campaña 2017-2018 ha registrado precios equilibrados y buena respuesta de los mercados. Sin embargo la primera parte de la campaña 2018-2019 ha empezado con caídas importantes de precios, provocados en parte por el retraso experimentado por las variedades más precoces debido a las condiciones climatológicas y a la entrada de cítricos sudafricanos tardíos que se solapan con nuestro inicio de campaña.
Por otra parte, las hortalizas han tenido un año con precios inferiores a los percibidos durante la campaña anterior.
La actual campaña ha resultado muy buena en producción gracias a las buenas condiciones meteorológicas, con una pluviosidad abundante, logrando una producción de vino y mosto superior a los 47 millones de hl. , lo que supone un incremento de un 33% respecto a la campaña anterior.
Este incremento de la producción se ha dado igualmente en el conjunto de la Unión Europea (176 millones de hl. de vino, un 22% sobre la campaña anterior), sobre todo en Italia y en Francia, y también a nivel mundial (282 millones de hl., incremento del 12 % sobre al año anterior).
El aumento de la producción se puede ver reflejado en los mercados presionando a la baja en los precios. Con el objetivo de incrementar la demanda a través del consumo, UPA ha venido trabajando en el seno de la Interprofesional del vino de España (OIVE) con la puesta en marcha de una campaña de promoción “Marida mejor tu vida con vino”, así como con el inicio en la tramitación de un contrato homologado para la uva de vinificación y otro relativo al vino.
El balance final de la campaña de cultivos herbáceos ha sido bastante positivo, por el aumento generalizado de los rendimientos en la mayor parte de las zonas productoras. Después de una cosecha catastrófica en 2017, en 2108 hemos visto incrementos de producción cercanos al 25% sobre una cosecha media. En el lado negativo nos encontramos con unas cotizaciones de precios en origen hundidas, y un aumento de los costes de producción, principalmente la energía y los fertilizantes.
Durante el año 2018, el olivar ha vivido un cambio importante de tendencia, con bajadas importantes e injustificadas de las cotizaciones en origen. El final de la campaña 2017-2018 y el inicio de la 2018-2019, a pesar de tener stocks limitados, han arrastrado descensos de precios. Si bien es cierto que la cosecha actual viene con una estimación de aumento cercana al 20%, la bajada drástica de la producción mundial, debería estar acompañada de aumento en el precio en origen. Además los agricultores están sufriendo retrasos importantes en la cosecha de recolección, además de bajadas de los rendimientos grasos de las aceitunas.
En cuanto a la aceituna de mesa, el sector ha vivido un año negro marcado por la imposición de aranceles a las exportaciones hacia EEUU. Esto, unido a la débil economía de estas explotaciones, mantiene esta producción muy por debajo de los costes de producción. Los precios en origen siguen, una campaña más, muy bajos. Por último, durante 2018 no se ha frenado el proceso de arranque de olivos.
El año 2018 ha sido un muy negativo para el cultivo por varios motivos. Las dificultades para realizar las siembras a tiempo y los problemas de enfermedades han dado lugar a una campaña de bajos rendimientos, que va a provocar pérdidas económicas a los remolacheros. Además, en las últimas semanas el sector ha conocido la decisión de Azucarera de romper con el Acuerdo Marco Interprofesional, dejando muchas dudas sobre sus verdaderos planes de futuro para un sector que ha sido el motor económico de extensas zonas rurales.
Tras muchos años de lucha por parte del sector productor, finalmente la Comisión Europea ha puesto sobre la mesa la cláusula de salvaguardia para frenar el tremendo impacto que están produciendo las importaciones de Camboya y Myanmar. Los agricultores esperan que su entrada en vigor se produzca inmediatamente y que en esta campaña de comercialización se puedan comprobar sus efectos en los precios percibidos por los arroceros. Por otro lado, se ha producido un nuevo descenso de la superficie de siembra, cercano al 3%, pero la mejora de los rendimientos supondrá el manteniendo de la producción.
La campaña algodonera ha sufrido importantes retrasos tanto en la siembra como en la recolección debido a las continuas lluvias producida tanto a inicio de primavera como a final del otoño, reduciendo las buenas perspectivas que había inicialmente y generando graves problemas a los algodoneros, tanto para cerrar esta campaña como en la programación de la siguiente.
En el año 2018, la superficie de plantación de tabaco ha vuelto a disminuir alrededor de un 5%, acumulando un nuevo descenso en un sector muy castigado en la última década. A pesar de contar con un sector que ofrece un producto de alta calidad, el precio en España sigue por debajo del precio recibido por otros agricultores europeos. Por eso, los cultivadores españoles siguen reclamando una mayor estabilidad a las industrias con contratos plurianuales.
Campaña con menos superficie de siembra y menor producción en relación a 2017. Esto se ha debido a las condiciones climatológicas adversas que se produjeron durante la temporada de siembra. La campaña de producción y comercialización puede calificarse como buena, con precios por encima del año 2017 a partir del mes de mayo, lo que ayudará a compensar las pérdidas por bajos precios de campañas anteriores.
La campaña ha estado marcada por la fuerte demanda de forraje español por parte de otros países de la Unión Europea. Esto se ha debido a la situación de sequía que se ha vivido en el continente y también en países terceros. La consecuencia directa ha sido el aumento de los precios, especialmente en la alfalfa que este año ha presentado un excelente contenido proteico.
A principio de 2018, el Ministerio de Agricultura presentó la Estrategia para la Producción Ecológica 2018-2020 con objeto de potenciar este tipo de producción. El sector ya supone cerca de dos millones de hectáreas en España, situando a nuestro país entre los cinco mayores productores del mundo. Un año más, se mantiene el crecimiento en superficie, pero se ha producido incremento mayor a nivel comercial en los 2-3 últimos años, con una cada vez mayor demanda del consumo y una apuesta por parte de las principales cadenas de comercialización alimentaria.
Etiquetas: economía, agricultura, ganadería, sociedad, Navidad, mundo rural, ganadería extensiva, agricultura familiar, balance anual, 2018
