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Agricultura

Agricultura y cambio climático

José Manuel Delgado Pérez . Técnico de UPA y colaborador en la Alianza por el Clima - 24/08/2017

En la actualidad se admite que el cambio climático es uno de los mayores retos a los que se enfrenta la humanidad, desde el punto de vista medioambiental, económico y social. Ha sido científicamente demostrado que, debido a las actividades humanas, las altas concentraciones de gases invernadero en la atmósfera están haciendo que aumente la temperatura en la Tierra.

Las concentraciones de gases invernadero, principalmente dióxido de carbono (CO2), han aumentado en más de un 70% desde 1970. La temperatura en Europa aumentó casi un grado en el siglo pasado. Según un informe presentado por la Organización Meteorológica Mundial a finales de 2016, los años 2011-2015 fueron el período de cinco años más caluroso del que se tiene constancia en todos los continentes. La mayor parte del calentamiento ha tenido lugar en los últimos 30 años. Esta tendencia, donde las condiciones climáticas son cada vez más variables, ha tenido ya una importante influencia en los numerosos sistemas físicos y biológicos (agua, hábitat, salud) que cada vez son más frágiles.

Los gobiernos de todo el mundo reconocen en el Acuerdo de París (21ª Conferencia Internacional sobre el Cambio Climático, COP 21, diciembre 2015) la necesidad y la urgencia de actuar para mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de dos grados y proseguir los esfuerzos para que ese aumento no supere un grado y medio respecto a las temperaturas de la época preindustrial. Sin embargo, este objetivo está lejos de conseguirse con los actuales compromisos de reducción de emisiones y con las políticas en curso, que nos llevan a una senda de aumento de temperaturas de más de tres grados.

Con niveles elevados de calentamiento será difícil controlar los riesgos, y aunque se invierta de manera significativa y continuada en la adaptación, nos encontraremos con impactos generalizados que pueden ser abruptos e irreversibles. Ya se han observado impactos del cambio climático en la agricultura, en la salud humana, en los ecosistemas terrestres y oceánicos (con pérdida de cosechas, escasez de agua, aumento del nivel del mar y serios impactos en la salud). Asimismo, sabemos que el cambio climático está afectando de manera más agresiva a las personas y colectivos que menos han contribuido a generarlo y que, a su vez, menos capacidades tienen de adaptarse a sus efectos. Además, debido a la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera, el cambio climático continuaría durante décadas aunque las emisiones cesaran hoy mismo.

Ya estamos percibiendo sus efectos, con mayor frecuencia e intensidad de sequías, olas de calor, precipitaciones impredecibles, derretimiento de glaciares, subidas del nivel de mar y otras amenazas, con los impactos que conllevan en la salud y en sectores importantes de nuestra economía, como el agrario.

Efectos del cambio climático en la agricultura y en la ganadería

España, al ser una península y estar situada en la cuenca mediterránea, es uno de los países más vulnerables al cambio climático. El sector agrario es uno de los más afectados por el cambio climático. Según afirman diversos estudios, y se está constatando en la realidad en toda nuestra geografía, es un hecho que la rentabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas está fuertemente ligada a las condiciones climáticas y meteorológicas.

El aumento de la concentración de CO2 en la atmósfera, con el incremento de las temperaturas y los cambios en las precipitaciones y en la frecuencia de los fenómenos extremos, afectará al volumen, la calidad y la estabilidad de la producción de alimentos y al espacio natural donde se practica la agricultura y la ganadería.

Las variaciones climáticas tendrán consecuencias en cuanto a la disponibilidad de recursos hídricos, a la prevalencia de plagas y enfermedades y al estado de los suelos que provocarán importantes cambios en las condiciones de la agricultura y la ganadería. Incluso, en casos extremos, la degradación de los ecosistemas agrarios podría conducir a la desertificación y, por lo tanto, a la pérdida total de la capacidad productiva de las tierras afectadas.

Un informe de la Comisión Europea predice que al final de siglo, de no tomar medidas, podríamos tener una reducción en los rendimientos de las cosechas de hasta un 30%, generando posibles riesgos de oferta de alimentos. Se producirá un agravamiento de los problemas de desertificación: erosión (en combinación con el aumento de incendios forestales) y salinización, principalmente en las regiones españolas de clima más seco.

En la ganadería, las altas temperaturas afectarán al ganado, con disminución de la productividad de zonas pascícolas y un aumento de enfermedades. Cabe esperar consecuencias altamente perjudiciales para los sistemas de pastoreo extensivos. En numerosas zonas, en especial en las mediterráneas, el aumento de temperatura y la disminución de precipitaciones acortarán el período de pastoreo y reducirán, tanto en cantidad como en calidad, la producción forrajera.

Uno de los mayores impactos será el que atañe a los recursos hídricos, con alteraciones no solo en la disponibilidad del agua, sino que también afectará a su calidad y a la concentración de contaminantes. Se vislumbran importantes problemas en la recarga de acuíferos y en los caudales ecológicos, y por supuesto en la disponibilidad de agua para el regadío en determinadas zonas. De hecho, varios estudios diagnostican una reducción del 20 al 40% en las estimaciones globales de recursos hídricos en España.

También se prevé para España una acentuación de los fenómenos extremos, ya sea sequías, olas de calor o inundaciones. Estos fenómenos meteorológicos extremos pueden ocasionar importantes perturbaciones en las producciones agrarias, especialmente durante las fases críticas del desarrollo vegetativo. Debido a los inviernos cada vez más templados, habrá un mayor riesgo de heladas tardías que perjudicarán en especial al sector frutícola y al vitícola, y este último también se verá afectado por un acortamiento del período de maduración, produciéndose una tendencia a la deslocalización del cultivo de la vid.

Además, España se arriesga a convertirse en un desierto en numerosas zonas de su territorio. El calentamiento global amenaza con que, en lo que queda de siglo, el 80% del suelo esté en peligro de desertificación. El cambio climático, debido a la acción combinada de reducción de pluviometría y aumento de las temperaturas, puede provocar la conversión de unos tres millones de hectáreas de la España más húmeda en un suelo con riesgo de desertificarse. El agua está en el fondo de este asunto, con una creciente presión sobre los recursos hídricos, particularmente en el sur, donde cada vez llueve menos y, además, en episodios más torrenciales y destructivos. El riesgo de desertificación, en diferentes grados, afecta a 37,4 millones de hectáreas de los 50,5 millones del territorio nacional, según un informe reciente del Ministerio de Agricultura. La España húmeda, que ocupaba un 39% de la superficie entre 1971 y 2000, al ritmo actual, y con las previsiones disponibles, se quedaría en un 20% al terminar el siglo XXI, y las Islas Canarias lo pasarían todavía peor. Además, los efectos del cambio climático en el sector agrario provocarán que nuestro país pierda competitividad frente a otros países, en especial los centroeuropeos, que podrán notar efectos positivos para sus producciones.

Pero todas estas amenazas, desgraciadamente, ya se están empezando a notar en la actividad diaria de nuestros agricultores y ganaderos. La superación de récords anuales tanto en temperaturas como otro tipo de indicadores está ocasionando modificaciones importantes de la actividad agraria, con la consecuente pérdida de rentabilidad en las explotaciones agrícolas y ganaderas.

Emisiones de gases de efecto invernadero en el sector agrario

En el marco del Acuerdo de París, la UE se ha comprometido a reducir el 30% de sus emisiones de gases de efecto invernadero en 2030 con respecto al nivel de 2005 en el grupo de sectores denominados “difusos”, entre los que se encuentra el sector agrario (agricultura y ganadería) (gráficos 1 y 4). Todos los Estados miembros tendrán que hacer su contribución a esa reducción en función del PIB y, en el caso de España, el objetivo asignado es de una reducción del 26%. Si comparamos ese objetivo para 2030 con el que teníamos asignado para 2020 (reducción del 10% de las emisiones), supone multiplicar el esfuerzo en 2,6 veces. Para lograrlo será necesario cambiar numerosas cuestiones.

En particular será imprescindible ir adoptando métodos de producción y prácticas de cultivo que emitan menos gases de efecto invernadero. Por ejemplo, se pueden utilizar alimentos más digestibles para el ganado, sobre todo para el vacuno, de forma que los animales asimilen mejor el nitrógeno y emitan menos metano y óxido nitroso; también habrá que ser más eficientes en la fertilización nitrogenada de los suelos o realizar una gestión más racional de los estiércoles, sobre todo en su almacenamiento y aplicación en el suelo, así como unas prácticas de gestión del suelo más adecuadas y con menor laboreo.

La agricultura y la ganadería suponen el 11% del total de emisiones de gases de efecto invernadero en España. En total son 37 millones de toneladas de CO2 equivalentes (cuadro 1). El sector agrario en su conjunto emite muy poco CO2 (en torno al 0,3%), pero sí otros gases con un efecto mucho más contaminante, cantidades importantes de metano (CH4, 25 equiv. de CO2) y óxido nitroso (298 equiv. de CO2). La fermentación entérica, la gestión de estiércoles y, en menor medida, la quema de rastrojos y el cultivo de arroz producen el 54% del metano. En cuanto al óxido nitroso, la gestión de estiércoles y, en menor medida, la quema de rastrojos y los suelos agrícolas producen el 80%. Pero ninguno de estos factores es inevitable, y esas emisiones se pueden reducir con la introducción de cambios en las prácticas agrarias. En consecuencia habrá que actuar sobre la alimentación del ganado, la gestión de estiércoles y deyecciones, la fertilización nitrogenada para reducir emisiones y un mejor y más racional manejo del suelo.

La “Hoja de ruta de los sectores difusos” (entre los que se encuentra el agrario), para el cumplimiento de los objetivos en emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de España entre 2013 y 2020, fue elaborada por la Oficina Española de Cambio Climático (OECC) en septiembre de 2014. En esta hoja de ruta se incluyen diversas medidas con objeto de reducir las emisiones dentro del sector agrícola y ganadero en aquellas actividades que suponen mayores emisiones de acuerdo a las categorías del Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, como son los suelos agrícolas, la gestión de estiércoles y la utilización de combustibles fósiles por parte de la maquinaria agrícola.

Las medidas consideradas en dicha hoja de ruta son las siguientes: digestión anaeróbica de deyecciones ganaderas con tratamiento de nitrificación-desnitrificación; digestión anaeróbica de deyecciones ganaderas y otros sustratos; introducción de leguminosas en praderas gestionadas que utilizaran fertilización sintética; siembra directa; formación para mejorar la eficiencia en la fertilización; conducción eficiente de tractores; utilización de los residuos de poda de cultivos leñosos evitando su quema; incorporación al suelo de los residuos de poda de cultivos leñosos; introducción de cubiertas de leguminosas sembradas en cultivos leñosos en regadío.

En la elaboración de estas medidas se ha detectado un amplio potencial de desarrollo, si bien la complejidad de las medidas en el sector agrario, por la elevada interrelación de distintos factores existentes, hace que el diseño e implementación de medidas tenga un mayor grado de dificultad que en otros sectores.

En los Acuerdos de París de la COP 21 se reconoce la capacidad potencial de la agricultura para aumentar las absorciones de CO2 de los suelos agrarios. Y por ello es de prever que en la próxima reforma de la PAC (Política Agraria Común) tengan un papel relevante los objetivos medioambientales de cara al cumplimiento de los compromisos contraídos por la UE en París. Allí, el gobierno francés lanzó la iniciativa 4 x 1.000 a la que España se adhirió y cuyo objetivo es aumentar la capacidad de los suelos agrícolas para absorber CO2 en un 0,4%.

Propuestas de la Alianza por el Clima para una ley de cambio climático y transición energética

Desde las organizaciones (incluida UPA) que forman parte de la Alianza por el Clima (coalición de más de 400 organizaciones ecologistas, sindicales, de cooperación, agrarias, vecinales, de consumidores y católicas) se considera que hace falta un impulso legislativo importante a nivel estatal que dé una señal clara sobre el camino que deben seguir tanto los sectores económicos como las comunidades autónomas y la ciudadanía. Se necesita establecer un marco legal con objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) suficientemente ambiciosos y vinculantes a corto, medio y largo plazo. Una ley que contemple la reducción de la huella de carbono.

Para la Alianza por el Clima es, en este sentido, imprescindible la aprobación de una ley de cambio climático y transición energética basada en la participación y en el consenso, que proporcione un marco legal y financiero estable y coherente con un objetivo común de reducción de emisiones, ahorro energético y adaptación a los impactos negativos ya previstos, y justa con los sectores y colectivos más vulnerables. Dentro de los documentos elaborados por la Alianza por el Clima, a continuación se detallan los relativos a las medidas propuestas tanto en mitigación como en adaptación para el sector agrario.

Mitigación en el sector agrario

Se deben modificar las distintas políticas agrarias y de desarrollo rural (europeas, estatales, regionales y locales) para que se apliquen las medidas de mitigación y adaptación ante el cambio climático, en especial en cuanto al desarrollo normativo en nuestro país de la Política Agraria Común (PAC) y la correspondiente colaboración con las autoridades estatales, regionales y locales. La Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural y el Real Decreto de Contratos Territoriales deben configurarse como instrumentos al servicio de los objetivos de la presente ley.

Se debe desarrollar un plan de mitigación en el sector agrario a través de una hoja de ruta con medidas que tengan la suficiente dotación presupuestaria: los esfuerzos deben centrarse fundamentalmente en reducir las emisiones de óxidos de nitrógeno en la fertilización nitrogenada y de metano en la cabaña ganadera y en la gestión de estiércoles y purines, y se incidirá en la mejora de la gestión de los suelos por reposición de la materia orgánica.

Es preciso reconocer la función que podrían ejercer determinados cultivos permanentes, praderas y dehesas, en la absorción de CO2, sin que suponga su consideración para la transferencia de créditos de carbono. En la aplicación del plan de mitigación han de tenerse en consideración los efectos sociales que se pudieran producir, estableciendo determinadas singularidades y medidas de protección y apoyo a sectores y colectivos más vulnerables, como es el caso de la agricultura familiar. En este sentido se propone lo siguiente:

> Identificar las “zonas vulnerables”.

> Impulsar el uso de energías renovables en el sector agrario.

> Fomentar la agricultura ecológica y diversificada como una opción óptima para desarrollar la resiliencia frente al cambio climático, potenciar la biodiversidad y garantizar los servicios ecosistémicos de los que depende toda actividad agraria.

> Apoyar los canales cortos de comercialización y las infraestructuras alternativas de venta minorista.

> Desarrollar nuevos indicadores para los sistemas alimentarios sostenibles, así como una estrategia para apoyar la ganadería extensiva, local y de calidad.

Adaptación en el sector agrario

El sector agrario, como sector estratégico, es fundamental por la función social, económica y territorial que desempeña, contribuyendo a la consolidación de un sector económico que proporciona grandes beneficios al conjunto de la sociedad: la producción de alimentos, una fuente de empleo, la gestión del territorio rural, la conservación de los ecosistemas y del patrimonio natural y cultural, entre otras muchas cuestiones. El sector agrario necesita mejorar su resiliencia frente al cambio climático utilizando prácticas tradicionales a la vez que las mejores técnicas disponibles. En consecuencia, se proponen las siguientes medidas:

> Elaborar el citado plan nacional de adaptación del sector agrario al cambio climático con plena participación de los agentes sociales implicados. Dicho plan debe identificar las zonas y sectores más vulnerables, afianzar el conocimiento de los riesgos y consecuencias del cambio climático, y evaluar los impactos, vulnerabilidad y adaptación en el sector agrario.

> Diseñar mecanismos de reconocimiento social y apoyo económico que permitan rentabilizar aquellas buenas prácticas agrarias, desde un enfoque que promueva mecanismos de adaptación al cambio climático.

> Reforzar el presupuesto y mejorar los instrumentos de gestión de riesgos y de las crisis, para hacer frente a las consecuencias económicas de los fenómenos del cambio climático a través del sistema de seguros agrarios. Solo a partir de la universalización del seguro agrario se puede afrontar con garantías los efectos del cambio climático.

> Desarrollar acciones de adaptación en las políticas agrarias y de desarrollo rural, en especial en la aplicación de la Política Agraria Común (PAC).

> Avanzar en la política de regadíos sostenible como instrumento de adaptación al cambio climático, en especial a través de su modernización con el objetivo de mejorar el ahorro de agua y dotarlos de una mayor eficiencia energética mediante el uso de energías renovables. Las actuaciones de regadíos deberán contemplar las proyecciones climáticas esperadas bajo los distintos escenarios de cambio climático y por tanto de estrés hídricos y de sequías, integrándolos de manera prioritaria en sus planes y programas, así como las modificaciones necesarias de adaptación al cambio climático.

> Elaborar y aplicar un programa de apoyo al secano, acorde con el horizonte de disponibilidad decreciente de agua en función de las evidencias científicas.

> Fomentar el apoyo a la ganadería extensiva como instrumento de adaptación a los riesgos asociados al cambio climático.

> Potenciar líneas específicas de I+D+I de ayuda a la investigación e innovación agraria, a la producción experimental destinada a la selección de cultivos, a prácticas agronómicas y de gestión ganadera, al desarrollo de variedades mejor adaptadas a las nuevas condiciones y, en general, al desarrollo de la implantación de tecnología de adaptación.

Gestión de la demanda hídrica agraria

Para ganar en resiliencia frente a recursos hídricos decrecientes y un mayor riesgo de sequías e inundaciones, y reducir la vulnerabilidad de la población y del sistema socioeconómico, hay que considerar los siguientes factores:

> Evaluar los costes económicos y los objetivos alcanzados con los planes de modernización de los regadíos, adecuando las concesiones de riegos a los recursos existentes con criterios ecológicos y socioeconómicos.

> Mejorar la eficiencia energética y el ahorro de agua a través de programas de modernización de regadíos, con la implantación de sistemas de medición y dosificación de agua.

> Establecer sistemas de autorizaciones y derechos de concesión de uso de agua con criterios sociales, en los que se priorice a la agricultura familiar con modelos de producción sostenibles.

> Suprimir la mercantilización sobre los derechos de concesión del uso de agua.

Conclusiones

  • Las medidas planteadas, tanto en “mitigación” como en “adaptación”, constituyen los ejes básicos para el sector agrario que la Alianza por el Clima considera imprescindibles para que una futura ley de cambio climático y transición energética, u otras posibles políticas dirigidas a este mismo objetivo, pongan a España en la trayectoria adecuada ante los efectos del cambio climático. Todo ello teniendo en consideración los impactos sociales que se pudieran producir y adoptando las medidas que sean necesarias para la protección y apoyo de los colectivos más vulnerables, como es la agricultura familiar y los subsectores agrícolas y ganaderos con mayores dificultades.
  • El modelo de agricultura familiar es un pilar básico de nuestro medio rural por las diversas funciones que presta a la sociedad en general, ya sea en el ámbito de la producción de alimentos, ya sea en el de la gestión del territorio en el que actúa. Este modelo debe fundamentarse en el desarrollo sostenible, tanto desde su faceta económica como social y medioambiental, pudiendo contribuir, ante el gran reto del cambio climático, a la “mitigación” de sus efectos y a la “adaptación” a dicho proceso de cambio.
  • Es por ello que debe contar con el necesario y adecuado apoyo de la sociedad a través de las actuaciones de las diversas Administraciones públicas, y debe contar también con instrumentos y herramientas adecuadas para valorizar las externalidades positivas que ejercen nuestros agricultores y ganaderos en su actividad diaria. En consonancia con este planteamiento, la lucha contra los efectos del cambio climático debe ser tratada como un factor de competitividad desde el ámbito del sector agrario, y para ello se deben orientar las políticas agrarias, en especial la PAC, hacia el objetivo de contribuir a ir consolidando una economía descarbonizada en 2050.

 

 Este artículo ha sido publicado en el Anuario UPA 2017 al que puedes acceder de forma íntegra, e incluso descargar, en entrando en este enlace.

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