Etiquetas: sector porcino, plantas de purines, medio rural
UPA - 18/02/2014
El sector porcino, representado por Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino (ANPROGAPOR), la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA), la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), Cooperativas Agro-alimentarias de España y la Asociación de Empresas para el Desimpacto Ambiental de los Purines (ADAP), quieren poner de manifiesto el riesgo que supone para el sector la aprobación de los parámetros retributivos anunciados por el Gobierno, que se reducen en más de un 40%.
La propuesta de Real Decreto y la Orden Ministerial por las que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, hace una errónea equiparación de las instalaciones de tratamiento de los excedentes de purín con las plantas de cogeneración convencional, lo que resulta discriminatorio en relación a otras instalaciones de tratamiento de residuos.
Si se confirma la aprobación de dicha propuesta, se espera el cierre inmediato de todas las plantas. De hecho, la mayoría de las instalaciones de tratamiento de purín ya han paralizado su actividad ante la inminente entrada en vigor del nuevo régimen retributivo, cuya aplicación está prevista además que se realice con carácter retroactivo desde julio de 2013.
El cierre de las plantas pone en peligro la sostenibilidad de las más de 3.000 explotaciones ganaderas que actualmente gestionan sus excedentes de purines en las 29 plantas de tratamiento que hay en España, e implica la pérdida de más de 4.200 empleos directos e indirectos, en su mayoría en entornos rurales.
Estas centrales permiten a las explotaciones porcinas llevar a cabo una gestión adecuada de los purines, de manera que se pueda mantener la actividad ganadera en el territorio y se garantice una correcta gestión de 2,5 millones de toneladas anuales de residuos que, de no ser tratados, conllevan un importante impacto medioambiental, cifrado en 700.000 toneladas de CO2.
En el Real Decreto 661/2007, la Administración del Estado estableció las tarifas y primas para este modo de producción de energía durante los 15 primeros años. Al amparo de estas cifras, el sector porcino apostó por el sistema de procesamiento de purines y se acometieron las inversiones industriales oportunas. Cuando aún no ha transcurrido la mitad de este periodo, en el mejor de los casos, se pretende aplicar un cambio normativo que pone en grave riesgo la continuidad de estas explotaciones.
No se debe olvidar que el sector porcino es el principal motor económico de muchas comarcas, un referente para la economía española que representa más del 14% del PIB industrial y genera más de dos millones y medio de empleos, de los cuales cerca de 200.000 son puestos de trabajo directos, y con un volumen de negocio de más de 6.000 millones de euros anuales. Todos estos logros corren peligro si no se asegura la continuidad del sistema de gestión actual.
Por todo ello, las organizaciones firmantes exigimos al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, al Ministerio de Industria, Energía y Turismo y al Gobierno que garanticen la continuidad de las plantas y de las explotaciones porcinas que dependen de ellas.
El sector porcino y las empresas de tratamiento de purines exigen soluciones
10:30 VALLADOLID Subdelegacion del gobierno c/ Jesus Rivero Mesenes, 1
11:00 LLEIDA Subdelegacion del gobierno Plaça de la Pau, 1
11:00 BARCELONA-VIC Delegació d´Hisenda c/ Raimon d´Abadal, 11
11:00 TOLEDO Delegacion del Gobierno Pl Zocodover, 6
11:00 MURCIA Consejeria d´Agricultura Pl Juan XXIII
12:00 SORIA-LANGA DE DUERO Ayuntamiento Plaza Mayor
17:30 JAEN-VILCHES Ayuntamiento PL Mayor, 1
Antecedentes
El Real Decreto 2818/1998, del 23 de diciembre, sobre producción de energía eléctrica para instalaciones abastecidas por recursos o fuentes de energía renovables, residuos y cogeneración, permitió la instalación de varias instalaciones de tratamiento de deyecciones ganaderas líquidas (principalmente purines porcinos), con un total de 29 instalaciones repartidas por todo el Estado.
Posteriormente, el Real Decreto 661/2007, del 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial, incorporó este hecho diferencial hacia una cogeneración convencional, incorporando un régimen económico específico a estas plantas, que aseguró la viabilidad económica de las mismas.
Actualmente, se encuentra en vigor la Ley 24/2013, del 26 de diciembre, del sector eléctrico, que establece que estas plantas sufran un cambio sustancial en la retribución por la venta de la electricidad producida a partir del 13 de julio de 2013.
A día de hoy, se encuentra pendiente de aprobación un Real Decreto y una Orden Ministerial sobre Renovables, Cogeneración y Residuos que fijan los parámetros retributivos para este tipo de plantas. La propuesta de orden se encuentra en periodo de alegaciones y plantea una reducción del 40 % de la retribución económica para la venta de electricidad que hace inviable la continuidad de las plantas de tratamiento de deyecciones ganaderas.
Este trato resulta discriminatorio respecto a otras instalaciones de tratamiento de residuos, cuya singularidad sí que aparece recogida en el borrador de la Disposición Adicional Segunda del Borrador de RD RECORE.
Todo ello, además, supone una quiebra del pacto alcanzado por el sector con el Ministerio de Industria en el año 2007 y en virtud del cual se produjo su autorregulación. A partir de este momento y bajo el amparo del Real Decreto 661/07, se garantizó la supervivencia de todas las instalaciones del sector por un mínimo de 15 años desde su fecha de puesta en marcha (de las cuales cinco de ellas entraron en operación comercial en el año 2009).
Falta de alternativas
Con la aprobación de distintas normas regulatorias del sector eléctrico, que se inician con el Real Decreto Ley 1/2012, se paraliza cualquier planteamiento de mejora de las plantas de tratamiento y se observa la inexistencia de alternativas de gestión y/o tratamiento de purines que mantengan la actividad de desimpacto ambiental, debido a la falta de un marco jurídico estable para definirlas.
Es decir, con el redactado propuesto en el borrador de orden sobre las plantas de tratamiento de purines, no se prevé ninguna solución alternativa para gestionar el problema que se genera.
De acuerdo con los datos expresados por la Asociación de Empresas para el Desimpacto Ambiental (ADAP), la cantidad total de purines tratados en sus 29 plantas equivale al tratamiento de las aguas residuales urbanas de una ciudad de 3,5 millones de habitantes.
La aprobación de los términos propuestos en el borrador de Orden conllevaráel cierre inminente de las 29 plantas existentes en España. Hasta la fecha, más de un 80 % de ellas han paralizado ya su actividad.
Impacto económico, social y medioambiental
El Gobierno debe ser consciente del impacto que esta medida provocará en el medio rural en términos de empleo, ya que el cierre de las 29 plantas implicará la desaparición de unos 4.200 puestos de trabajo, entre empleos directos e indirectos, ligados a estas instalaciones. Estas plantas de tratamiento representan un importante elemento de fijación de población en el medio rural, el cual se encuentra en situación desfavorecida respecto a las zonas urbanas en cuanto a salidas laborales.
Por encima de otros factores, se debe valorar el impacto directo en las explotaciones ganaderas de porcino, que utilizan estas plantas de gestión para tratar sus excedentes de purines a un coste razonable. Más de 3.000 explotaciones gestionan parte de sus purines en estas instalaciones que, de desaparecer, desencadenará un brutal desajuste en la viabilidad económica de estas granjas y, por tanto, el cierre de muchas de ellas, con el consiguiente empobrecimiento de la comarca en la que se encuentran y debilitamiento del sector porcino en su conjunto.
El sector porcino es el principal motor económico de muchas regiones y un referente en la economía española, pues representa más del 14 % del PIB industrial y genera más de dos millones y medio de empleos, de los cuales cerca de 200.000 son puestos de trabajo directos. Puestos de trabajo que corren peligro si no se asegura la continuidad del sistema de gestión actual. El volumen de negocio del sector supera los 6.000 millones de euros.
Este cambio legislativo conllevará un nuevo varapalo para el sector porcino, que este año ha tenido que hacer frente al durísimo recorte de apoyos en el seguro de retirada de cadáveres, además de tener que asumir las amortizaciones de las fuertes inversiones realizadas en bienestar animal, y que ahora se encuentra en una situación de mercado comprometida ante el cierre de las fronteras rusas a todo el porcino comunitario.
Las plantas de tratamiento de purines juegan un importante papel medioambiental al resultar, en muchas ocasiones, la única alternativa de gestión de la enorme cantidad de purines que se generan en las explotaciones porcinas. Si estas plantas cierran, se incurrirá en una mayor contaminación de las tierras e implicará, previsiblemente, el incumplimiento de la Directiva Nitratos 91/676/CEE, con la posibilidad de sanciones por parte de la UE.
Por tanto, es preciso conseguir la mediación del MAGRAMA en este asunto, ya que la aprobación de la orden en estos términos desatará afectaciones ambientales con difícil subsanación en el corto y medio plazo.
Principales reivindicaciones
En definitiva, la publicación del borrador de orden, tal y como figura, precipitará de forma irremediable al cierre inmediato de todas las plantas de tratamiento de purines, ya que conduce a una situación de flujos de caja negativos desde el momento de su entrada en vigor en julio de 2013.
Por todo lo expuesto, solicitamos al Gobierno que resuelva esta situación problemática que se propone desde el Ministerio de Industria, llevando a cabo las siguientes medidas:
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