Defensa del modelo europeo de producción

UPA apuesta por potenciar lo que ha sido un modelo de éxito y la creación del mayor polo de desarrollo: la Unión Europea. Basado en un modelo de agricultura familiar, sostenible social y ambientalmente, con reglas comunes y objetivos compartidos. Nos reconocemos como profundamente europeístas, es el único camino posible. Frente al cuestionamiento que se hace desde ámbitos nacionales o por parte de otros colegas comunitarios, UPA defiende que es la única vía posible y trabaja por mejorarlo y poner en primer lugar a los agricultores y ganaderos familiares.

Cláusulas espejo. Que se impongan las mismas normas y exigencias a los productos que vienen de fuera de la UE que a las producciones europeas. Reciprocidad en las relaciones comerciales con terceros países, exigiendo las mismas normas de producción y comercialización que en la Unión Europea.

Mercado único. Que se respete el mercado único europeo y se legisle contra medidas proteccionistas nacionales o acciones que atenten contra el libre comercio dentro de la UE.

Puesta en valor de la sostenibilidad económica, social y ambiental que ejerce la agricultura familiar.

Urgente aprobación y posterior desarrollo de la Ley de agricultura familiar, que proteja a este modelo productivo frente a la entrada de fondos de inversión y agricultura industrial.

Reconocimiento y valorización de los agricultores y ganaderos españoles como productores de alimentos sanos y de calidad.

Aprobación una Ley nacional que regule y ordene el desarrollo de instalaciones solares y aerogeneradores que tenga en cuenta y priorice el valor agronómico de las tierras, de tal forma que permita una coexistencia con la agricultura y ganadería.

Apoyo efectivo a la incorporación de jóvenes al sector agrario y aplicación de medidas complementarias que fomenten el rejuvenecimiento del sector.

Establecer una Política de Estado para el medio rural con todos los actores interesados, que incluya la creación de una mesa estatal del medio rural, actualizar la Ley de desarrollo sostenible del medio rural. Que asegure la calidad de vida, los servicios públicos esenciales, la residencia y la actividad económica sostenible en las poblaciones rurales.

Flexibilización de la PAC

Es posible una PAC que mantenga la ambición ambiental sin reducir la capacidad de producción y la rentabilidad, simplificando la normativa. Ante la variabilidad en el clima y modelos de agricultura es preciso introducir flexibilidades suficientes que tenga en cuenta que no hay dos años iguales. Entre otras, proponemos las siguientes modificaciones:

• Eliminación del 4% de barbecho obligatorio por la BCAM 8.
  
  
• Redefinir el concepto de cultivo secundario en la BCAM 7.
  
  
• Si se exige la rotación de cada parcela con un cultivo diferente cada cuatro años, el primer año computable debe ser aquel en el que entra en vigor la normativa. Por tanto, el cómputo de la rotación se debe verificar en 2026 respecto a los tres años anteriores, esto es en el periodo 2023-2026. Se considerará que el requisito de rotación se cumple si antes de ese año 2026 se ha realizado, al menos en una campaña un doble cultivo, independientemente de lo que ahora se entiende por cultivo principal y cultivo secundario.
  
  
• Redefinir las prácticas que se pueden hacer en las tierras de barbecho en la BCAM 6.
  
  
• Se debe permitir la gestión de las plantas adventicias durante la primavera y el verano. Se debe permitir el enterrado de purines salvo cuando el suelo esté encharcado.
  
  
• BCAM 4. Creación de franjas de protección en los márgenes de los ríos. La delimitación debe incluir exclusivamente los cauces con una anchura mínima y un caudal de agua continuo mínimo durante todo el año. Además, deben tenerse en cuenta las zonas del cauce con un nivel de riesgo a la contaminación bajo, bien por la escasa intensidad productiva de los cultivos presentes o por un porcentaje de barbecho más elevado. En todo caso consideramos que el cumplimiento debe estar exceptuado en las superficies acogidas a modelos productivos de agricultura ecológica. La producción ecológica no permite el uso de productos químicos de síntesis, por ello no existe riesgo de contaminación de cauces y el propio modelo asegura su protección.
  
  
• BCAM 5. Establecer la posibilidad de hacer labores en favor de la línea de máxima pendiente en el caso de plantaciones ya establecidas cuyo marco no permita labrar transversalmente o si el sistema de riego lo dificulta.
  
  
• Rotación de cultivos con especies mejorantes.
  Cuando haya condiciones que así lo justifiquen se pueda no cumplir con el 5% de leguminosas, incrementando al 15% el porcentaje de mejorantes en la rotación.
  Por otra parte, existen zonas de cultivo, en especial las menos productivas, en las que de forma tradicional se ha cultivado mediante la técnica de año y vez, en este sentido, establecer un máximo del 20% de barbecho implica no poder acogerse a la práctica del ecorrégimen una parte importante de las explotaciones. Por ello se propone incrementar el límite máximo de barbecho hasta el 40% en las explotaciones ubicadas en aquellas comarcas que tenían asignado un índice de barbecho con un valor igual o superior a 20.
  Consideración de cultivos como el espárrago, las especies aromáticas y el chopo como cultivos plurianuales.
  
  
• Rotación de cultivos y siembra directa.
  De una forma general, las explotaciones con superficie de regadío disponen, a su vez, de superficie de secano, por ello la gestión de la explotación es muy compleja en el momento que se exige el cumplimiento de las condiciones de forma independiente en la superficie de secano y en la de regadío. Por ello se debería permitir su cumplimiento en el conjunto de la superficie de la explotación, en especial los porcentajes correspondientes a los cultivos mejorantes, que en muchas ocasiones exige dividir recintos en varios cultivos para su cumplimiento.
  
  
• Espacios de biodiversidad en tierras de cultivo y cultivos permanentes.
  Una primera propuesta consiste en incluir en el concepto de superficie de no cosechado cualquier tipo de cultivo, no únicamente cereales y oleaginosas.
  Asimismo, consideramos, como así permite el reglamento, que la superficie de barbecho debería computar como espacio de biodiversidad sin necesidad de exigir que sea semillado.
  
  
• Pastoreo extensivo.
  Que se permita que los ganaderos de ovino que pastan rastrojeras puedan solicitar esa superficie dentro del ER, aunque no la declaren para utilizar DBRS.
  
  
• Márgenes de biodiversidad.
  En el caso de cultivos leñosos aceptar que los márgenes o espacios de biodiversidad se puedan hacer entre las calles de los cultivos y no sólo en el margen de las parcelas
  
  
• Cubiertas vegetales.
  Permitir que una explotación que haga el 40% de cubiertas vegetales cobre el 100%.
  Permitir alternar calles a la hora de hacer las cubiertas vegetales
  Permitir el pastoreo independientemente de la pendiente de la parcela.
  
  
• Cuaderno de campo digital.
  Que se modifiquen los ecorregímenes para que el CUE sea voluntario y se prime su uso en cada uno de los ecorrégimenes.
  Que la relación entre CUE y REA sea bidireccional.
  Que no haya obligación de subir la información del CUE al sistema SIEX nada más que dos veces al año.
  
  
• Producción sostenible de proteínas de origen vegetal.
  Se considera necesario recuperar de nuevo la ayuda a las oleaginosas en el marco de la ayuda asociada a la producción sostenible de proteínas de origen vegetal

Medidas para luchar contra las consecuencias del cambio climático

El cambio climático es, sin duda, el principal riesgo al que se enfrenta la agricultura y ganadería española. Necesitamos de la ciencia y el conocimiento para superarlo con éxito y políticas claras tanto nacionales como comunitarias para implementar medias que hagan resilientes a las explotaciones ante esta nueva realidad.

• Aprobar y potenciar las técnicas de edición genómica en Europa como una medida eficaz para enfrentar el reto de adaptación al cambio climático
• Incremento de la investigación e innovación en mejora vegetal y animal para enfrentar los retos del cambio climático.
• Mayor apuesta en la modernización de regadíos

Cambiar el sistema de seguros agrarios

Asegurar presupuesto suficiente por parte del Ministerio y las CC.AA. para llegar al 60% del coste de las pólizas para las explotaciones familiares profesionales.

Para hacerlo consorciable: que el exceso de siniestralidad como consecuencia de los efectos del cambio climático lo asuma el Consorcio de Compensación de Seguros Agrarios.

Que se cree en la UE un fondo específico para hacer frente a los efectos del cambio climático en la agricultura y la ganadería (FONDO DE CRISIS CLIMÁTICA).

Establecer una interlocución estable y normalizada entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y las OPAS. Desarrollo de una ley que establezca la creación del Comité Asesor Agrario como órgano de representación entre las Organizaciones Agrarias más representativas a nivel nacional y el Ministerio de Transición Ecológica, con un reglamento que fije una periodicidad mensual de las reuniones, donde se debatan todas las normas que afecten al sector agrario.

Mesa para atender cuestiones ganaderas

Nos preocupa la evolución de la concentración de la ganadería, el crecimiento de la integración y la desaparición de explotaciones ganaderas. En gran medida es debido a la promulgación de normativas muy difíciles de cumplir por las explotaciones familiares y pensada para esos modelos.

Fauna salvaje

• Sacar el lobo del Lespre (listado de especies silvestres en régimen de especial protección).
• Indemnización justa por los daños de lobos
• En relación al Real Decreto 364/2023, de 16 de mayo, por el que se establecen las obligaciones de vigilancia del titular de la explotación y al plan sanitario integral de las explotaciones ganaderas, en el que se incluye la figura del veterinario de explotación y en su Anexo IV el contenido mínimo del Plan Sanitario Integral de las explotaciones ganaderas, no podemos contar con que la ADS sea la respuesta a la nueva carga burocrática, puesto que no todos los ganaderos están en ADS ni quieren estarlo, no se dispone de profesionales veterinarios suficientes para hacer frente a estas exigencias, supondrá un mayor coste para los ganaderos y mayor carga burocrática sin que se vaya a obtener un claro beneficio y se verán perjudicadas en mayor medida las explotaciones familiares que tienen mayor dificultad para hacer frente a estas exigencias. Por lo tanto, pedimos la eliminación de esta figura.
• Analizar el Sistema Integral de Gestión de las Explotaciones Bovinas (SIGE), y ver posibles modificaciones, simplificándolo y evitando carga burocrática para el ganadero
• Flexibilización en la aplicación del real decreto que establece las normas para la aplicación del estiércol en los suelos agrarios.

Además, solicitamos:

• Establecimiento de una línea de ayudas específica para las explotaciones familiares para adaptar o comprar equipos esparcidores de purines que cumplan la norma.
• Plan de gestión colectiva de equipos de aplicación de purines y estiércoles a través de cooperativas.
• Planes de sanidad animal que afronten los retos de las enfermedades tradicionales, como la tuberculosis bovina, y las nuevas enfermedades como la EHE, consensuados entre el Estado y las comunidades autónomas, dando prioridad a las medidas preventivas (vacunación), y compensando al ganadero, por la vía del seguro u otras vías, de la totalidad de las pérdidas que le ocasionen.
• Plan estratégico a nivel nacional para la ganadería extensiva, en apoyo integral a todas las funciones que la ganadería ejerce (calidad, prevención de incendios, biodiversidad, incremento de la captura de carbono…)

Mesa aplicación Ley Cadena

• La Ley de la Cadena ha sido uno de los grandes éxitos del trabajo común del sector agrario, pero es preciso que todas las Administraciones se impliquen es su puesta en marcha. Una cuestión que trasciende a esta Ley y que descansa en el derecho comunitario es la necesidad de fortalecer el poder de negociación del sector primario a través de la negociación colectiva.
• Dotar del personal y medios suficientes a la AICA y a las Autoridades de Ejecución de las Comunidades Autónomas para que puedan desarrollar su función correctamente.
• Impulso y puesta en marcha de las Autoridades de Ejecución que han creado las Comunidades autónomas.
• Establecer en la OCM única una excepción a la ley de la competencia que permita la negociación colectiva en el sector primario.
• Impulso de los estudios de cadena de los productos más sensibles. Hay que poner en marcha de una vez un sistema semiautomático de generación de estudios de valor de los principales productos que permitan identificar los posibles problemas que puedan darse en una determinada cadena. En definitiva, se debe cumplir lo que dice la ley:” Realizar estudios de carácter regular, encaminados a establecer un seguimiento sistemático de la formación de los precios finales de los alimentos”.
• Desarrollo por parte del observatorio de la cadena índice de precios y costes de producción tal y como establece la normativa, con carácter trimestral. Estos índices deberán servir como referencia al sector productor para indexar el precio de sus contratos y a la AICA como alerta de riesgo para incluir en su programa de indicios, dentro del plan de control, a aquellas entidades que firmen contratos por debajo de los costes de producción que periódicamente publique el observatorio.
• Se debe desarrollar la figura del mediador según el modelo francés.

Negociación colectiva

De acuerdo con los precedentes comunitarios, la normativa comunitaria restringe en gran medida la posibilidad de que no se apliquen las normas de competencia a acuerdos entre operadores del sector agroalimentario, estableciendo unas condiciones muy exigentes para ello.

El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) dedica el Capítulo I de su Título VII a las disposiciones sobre competencia (arts. 101 a 109), y dentro de éste su sección 1ª a las disposiciones aplicables a las empresas, sin establecer ninguna precisión o salvaguarda en cuanto a sectores económicos en particular. El TFUE, no obstante, establece en su art. 42.1 que el Consejo y el Parlamento Europeo pueden establecer exenciones a las reglas comunitarias de competencia a la producción y comercialización de productos agrarios, mediante el establecimiento de Reglamentos que así lo dispongan, teniendo en cuenta los objetivos del art. 39 TFUE, relativos a la Política Agraria Común.

Es decir, con carácter general las leyes de competencia limitan en la actualidad la posibilidad de mejorar la posición negociadora del sector productor a través de, por ejemplo, la negociación colectiva que permita establecer unas condiciones mínimas en los contratos en cuanto a calidades, pagos, descuentos… Sin embargo, si en el marco de la Política Agraria Común se aprobara un reglamento que permita la negociación colectiva en el seno de, por ejemplo, las interprofesionales, este obstáculo estaría vencido y se podría desarrollar una legislación nacional para regular la forma de hacerlo.

La Ley de la Cadena busca corregir desequilibrio y hacer de la cadena alimentaria una cadena de valor donde cada eslabón de la misma genere valor y no lo destruya, como ocurría. Pero nada puede hacer para mejorar la escasa capacidad de negociación que tiene el agricultor y ganadero frente a sus compradores, ya sean industriales o la distribución.

Se reproduce a continuación la exposición de motivos de la OCM única aprobada en el 2013 que permite la negociación colectiva en el sector lácteo a través de la figura de la organización de productores de leche.

“A fin de garantizar el desarrollo viable de la producción y el consiguiente nivel de vida equitativo para los productores de leche, conviene fortalecer su poder de negociación con respecto a los transformadores y conseguir así una distribución más equitativa del valor añadido a lo largo de la cadena de suministro. Para alcanzar estos objetivos de la PAC, debe adoptarse una disposición de conformidad con el artículo 42 y el artículo 43, apartado 2 del TFUE que permita a las organizaciones de productores constituidas por productores de leche o sus asociaciones negociar conjuntamente los términos del contrato, incluido el precio, para una parte o la totalidad de la producción de sus miembros con una central lechera. A efectos de mantener la competencia efectiva en el mercado lácteo, esta posibilidad debe estar sujeta a límites cuantitativos apropiados. Con el fin de no socavar el funcionamiento eficaz de las cooperativas y en aras de la claridad, se debe precisar que si la pertenencia de un ganadero a una cooperativa está sujeta a la obligación, con respecto a la totalidad o parte de esa producción lechera del ganadero, de entregar leche cruda obligación cuyas condiciones están establecidas en los estatutos de la cooperativa, o por las normas y decisiones resultantes de los mismos, dichas condiciones no deben ser objeto de negociación a través de una organización de productores.”

Fitosanitarios

La Comisión Europea anunció dos objetivos de reducción de plaguicidas como parte de la Estrategia «De la Granja a la Mesa» en mayo de 2020.

Se trataba de una reducción del 50% en el uso y el riesgo de plaguicidas químicos y una reducción del 50% en el uso de plaguicidas más peligrosos.

El anuncio de abandonar esta iniciativa supone poner sensatez y cordura sobre una cuestión que las organizaciones agrarias ya habíamos denunciado desde el primer momento y es que no se puede proponer unos objetivos tan ambiciosos sin ni siquiera tener un estudio de impacto.  La propuesta de Reglamento de Uso Sostenible de productos fitosanitarios contenía unos objetivos de reducción de uso y riesgo de productos fitosanitarios no basados en datos de impacto agronómico, ni en la evidencia científica ni teniendo en cuenta la realidad agrícola.

También es preciso aclarar que en modo alguno hay relación entre el uso de productos fitosanitarios y el cambio climático. Más bien al contrario, ya que para mantener el volumen total de producción que alimente a la población mundial se requeriría mucha más superficie ante el descenso cierto de la producción de cada hectárea. Porque ahora hemos sido los agricultores los que hemos saltado y expresado públicamente que no es posible mantener la producción europea de alimentos sanos y seguros si perdemos tantas herramientas de gestión de nuestras explotaciones. Si no hubiéramos sido nosotros ahora en un futuro habrían sido los propios consumidores porque si no se hubiera parado esta iniciativa los realmente perjudicados habrían sido ellos con un encarecimiento nunca visto de la cesta de la compra.

El sector apoya un uso sostenible y racional de los productos fitosanitarios, pero en modo alguno posiciones radicales que planteen reducciones del 50% sin atender a potenciar buenas prácticas ni ver si hay alternativas que no pongan en peligro la producción de alimentos, y por tanto la seguridad alimentaria.

Por otro lado, en relación a las herramientas de sanidad vegetal, según datos de CropLife Europe, hoy disponemos a nivel global de unas 800 materias activas, de las que solo 400 están permitidas en Europa, prácticamente la mitad con tendencia a la baja. De las 400 aproximadamente registradas en Europa una parte son candidatas a la sustitución (sin alternativa viable por el momento), la parte más importante son sustancias activas convencionales y una pequeña parte sustancias básicas y de bajo riesgo. No es posible cambiar todo el botiquín fitosanitario de la noche a la mañana, aunque a nivel europeo quiera incentivarse los biológicos y bajo riesgo.