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UPA - 23/12/2020
UPA hace balance de 2020: un año marcado por la pandemia que ha puesto de manifiesto el carácter esencial de los productores y productoras de alimentos.
Foto: Manifestación de los 'Agricultores al límite' en Toledo, en febrero de 2020. Joaquín Terán.
“Comenzamos el año en las calles, exigiendo precios justos, y lo continuamos trabajando, como siempre, alimentando a la sociedad, vertebrando el medio rural y cuidando el medio ambiente”. Así lo creen desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, que ha publicado su informe de balance del año en la agricultura y la ganadería en España.
“Un año dramático”, aseguran, “por las pérdidas humanas y la crisis sanitaria, que es lo verdaderamente importante, pero que ha permitido a la sociedad ser más consciente que nunca de lo esencial. Y ahí estamos los agricultores y ganaderos, alimentando con estabilidad, calidad y regularidad, a toda la sociedad”.
El secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, cree que la sociedad ha sido “más consciente que nunca” de que en el campo español “hay cerca de un millón de personas” que alimentan a todos, generando vida y riqueza, y además cuidando el medio ambiente.
Ramos ha recordado que el año empezó con la mayor revuelta del campo de la historia de España, la de los ‘Agricultores al límite’, con movilizaciones que sacaron a la calle a miles de personas en todo el país, y con conquistas históricas en materia legislativa cuyos efectos “deberán notarse con fuerza” en 2021.
Un 2021 en el que desde UPA esperan seguir avanzando en la lucha por los precios justos, así como culminar el proceso de reforma de la nueva PAC para que sea más justa y eficaz. “La sociedad española y europea ha sido verdaderamente consciente de lo que pasa en el campo. De que unos pocos alimentamos a muchos. De que seguimos ahí a pesar de todas las dificultades. Somos resistentes, pero también frágiles, y somos dignos de respeto, apoyo y protección”.
Foto: Desinfectando con el corazón. César March Hervás. Alginet (Valencia). Finalista de FotoRural 2020
El año 2020 será, sin duda, el año de la pandemia también para el sector agrario. Esta excepcional situación ha tenido un enorme efecto en el sector primario, productor de alimentos para toda la sociedad. Primero como ciudadanos, y segundo como actividad económica.
Desde el primer momento, el sector agrario fue consciente de la importancia que tenía frente a la sociedad, continuando el trabajo en un momento en el que existía un gran miedo entre toda la población, y en el que las recomendaciones sanitarias eran claras en cuanto al confinamiento domiciliario.
A pesar de la dramática situación, a la que toda la población tuvo que enfrentarse, el sector agrario fue capaz de mantener un suministro continuo de alimentos, con variaciones de precio muy limitadas, que por lo menos en este sentido, permitió al conjunto de la sociedad olvidarse del peligro de un desabastecimiento de alimentos.
Esto fue posible en parte, por el intenso trabajo que se llevó a cabo con las Administraciones. En los momentos más delicados, nos encontramos con diferentes interpretaciones en las distintas comunidades autónomas, y el sector fue capaz de coordinarse en la traslación de necesidades e interpretación de las mismas.
La consideración de nuestra actividad como esencial ha puesto en valor el trabajo diario de agricultores y ganaderos, y eso ha permitido que, dentro de la mala situación económica derivada de la pandemia, el sector agrario no haya salido muy mal parado.
Sin embargo, el cierre del canal HORECA, así como las limitaciones que se han tenido que imponer por parte de las diferentes administraciones, ha provocado situaciones muy complicadas, para determinados sectores agrícolas y ganaderos, que han visto cerrados sus canales de comercialización.
Igualmente, de alguna manera, durante el 2020, se ha puesto en valor lo que supone vivir en el medio rural, alejado de las ciudades más pobladas, algo que no debería caer en saco roto, y tendría que tomarse como un aviso, sobre la necesidad de invertir mayores recursos en las zonas rurales, que permitan asentar población.
Esta dura experiencia ha permitido resituar las prioridades y volver a identificar a aquellos sectores y actividades que son esenciales: personal sanitario, transportes, personal de limpieza, fuerzas y cuerpos de seguridad… pero también agricultores y ganaderos.
La crisis sanitaria de 2020 así como la financiera de 2008 han sido dos pruebas que el sector agrario ha pasado con nota. Hemos sido capaces de ser un motor económico, generador de riqueza y puestos de trabajo en el medio rural cuando el resto de actividades lo destruían.
Se demuestra que somos un sector con mucho presente y con más futuro. Somos gestores del territorio, proveedores de alimentos sanos y seguros, pero sobre todo somos un colectivo de hombres y mujeres comprometidos con nuestros pueblos y con nuestra sociedad que miramos con optimismo al futuro.
Aunque el proceso de reforma de la PAC no terminará hasta 2021, durante el 2020 se han producido avances muy importantes, tanto en el ámbito comunitario como en el nacional.
Desde Bruselas ha llegado un acuerdo presupuestario para el periodo 2021-2027 que, aunque mantiene el presupuesto total que teníamos en el período actual (2014-2020), no introduce actualización del mismo, con la pérdida de poder adquisitivo que se viene arrastrando en las últimas reformas del presupuesto comunitario.
En cualquier caso, los más de 47.000 millones de euros que vendrán a España en los próximos años suponen una partida muy importante que, bien distribuida, tiene que permitir desarrollarse de manera óptima al sector agrario. Además, el medio rural se podrá beneficiar también de una partida adicional, derivada de los fondos de reconstrucción, de 1.051 millones de euros para proyectos de modernización y sostenibilidad de regadíos, sostenibilidad de la agricultura y ganadería (laboratorios de sanidad animal y vegetal, capacitación y bioseguridad en explotaciones ganaderas e invernaderos, inversiones en agricultura de alta precisión, tratamiento de gases renovables y agricultura circular) y en la estrategia de digitalización del medio rural. Además, vía FEADER se podrán destinar unos 700 millones de euros a los programas de desarrollo rural.
En lo relativo a la reforma del modelo de PAC, en el 2020 se alcanzaron acuerdos tanto en el Consejo de Ministros de la UE como del Parlamento Europeo, y se espera para el primer trimestre del 2021, el acuerdo final entre ambas entidades y la Comisión Europea.
A nivel nacional el pasado mes de julio comenzó el debate político entre Ministerio de Agricultura y Comunidades Autónomas, tras el magnífico trabajo técnico de descripción del sector agrario y de sus necesidades.
Estamos ante una reforma de la PAC muy diferente a todas las anteriores, donde no debería ser posible mantener el statu quo actual. La descripción realizada por el MAPA deja claro que es necesario establecer un nuevo sistema que haga una redistribución de las ayudas, donde gane peso la agricultura familiar, los agricultores y ganaderos que asientan población en el medio rural y tienen una mayor dependencia de la actividad agrícola, teniendo en cuenta también cuestiones como la insularidad, que afecta a los productores de dichas zonas.
El año 2020 comenzó con una movilización del sector agrario sin precedentes que llevó a las carreteras a miles y miles de agricultores y ganaderos movidos por el clamor de obtener unos precios justos por nuestros productos que remuneren nuestro trabajo, inversiones y dedicación.
Fruto de la presión en las calles de los ‘Agricultores al límite’, como se bautizó a este movimiento, el mayor de la historia de España, el Ministerio de Agricultura se comprometió a modificar la Ley de la Cadena, y así el 26 de febrero se publicó el Real Decreto-ley 5/2020, de 25 de febrero, por el que se adoptaron determinadas medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación. Las principales novedades que incluye son:
El RD fue convalidado por las Cortes Generales, pero obligaron a su tramitación como proyecto de ley. El pasado 17 de diciembre fue publicada la modificación de la ley en el BOE tras su trámite parlamentario.
Paralelamente, se está tramitando el proyecto de ley que modifica la Ley de la Cadena como consecuencia de la necesaria trasposición de la Directiva europea de prácticas abusivas.
Ambas iniciativas suponen un avance en cuanto a la inclusión de medidas para reequilibrar la cadena alimentaria al menos iguales a los conseguidos con su publicación allá por el 2013. La inclusión del concepto de destrucción del valor de la cadena es clave para parar las ventas a pérdidas y para construir una cadena que genere riqueza en lugar de destruirla como está pasando en determinados sectores. Se trata de cambiar los principios que hasta ahora marcan el funcionamiento del mercado. En lugar de fijar el precio al final de la cadena y que cada eslabón de la misma se quede con la parte que considere del mismo hasta llegar a la producción, ahora lo que se propone es que el precio se fije en la producción teniendo en cuenta los costes de producción y que cada eslabón incremente el precio en función del valor que aporta a la cadena hasta llegar al consumidor. Como todo cambio de paradigma requiere su tiempo, pero estamos convencidos de que va a ser una palanca de cambio en las relaciones comerciales de la cadena.
Endurecer las sanciones y dar publicidad a las infracciones son dos medidas que estamos seguros harán que los operadores de la cadena se lo piensen dos veces a la hora de realizar prácticas prohibidas por la ley.
España se ha sumado a una lista mundial de 42 países que ya han conformado sus comités nacionales del Decenio de la Agricultura Familiar, un reto mundial aprobado por la ONU para el período 2019-2028. El comité, presentado en una rueda de prensa el 20 de octubre, está integrado de momento por 18 organizaciones de diverso ámbito: agrarias, rurales, medioambientales, forestales, de consumidores, de periodistas, de agricultura ecológica y expertos de diversas universidades. Hasta 2022 estará coordinado por UPA.
Los objetivos del Comité serán poner en valor ante la sociedad, las Administraciones públicas, los órganos legislativos y otras entidades, el papel de la agricultura familiar en sus funciones social, económica, territorial, ambiental y cultural. La intención final es lograr transformar los sistemas alimentarios y contribuir con la consecución de los objetivos de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible.
El Foro Acción Rural (FAR), plataforma en la cual está integrada UPA, elaboró y presentó en un webinar celebrado el 3 de diciembre, un informe que incluye 65 propuestas para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el medio rural. Este documento supone una verdadera declaración de intenciones, una llamada a la acción rural y una hoja de ruta a desarrollar. Entre otras medidas destacan la creación de un Consejo del Medio Rural y renovar y poner en marcha la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural.
Desde UPA y FADEMUR hemos calificado de logro histórico la normativa que autoriza la venta de productos artesanales y tradicionales directamente desde pequeñas explotaciones. El texto aprobado hace pocos días da garantías a los pequeños productores y les libera de las barreras que impedían a los emprendedores y emprendedoras rurales poder realizar venta directa desde sus explotaciones.
La nueva norma favorece sobre todo a las pequeñas explotaciones ganaderas, que, en el caso de los sectores avícola y cunícola, podrán realizar sacrificios en sus instalaciones, así como vender directamente productos elaborados, cumpliendo siempre las máximas garantías higiénico sanitarias, pero adaptándolas a la realidad de los establecimientos pequeños y artesanales.
A lo largo de 2021 deberán irse materializando las solicitudes y autorizaciones, así como la publicación de diferentes guías que ayuden al desarrollo de estas posibilidades.
A nivel internacional, el contexto europeo ha venido marcado -como no podía ser de otra manera- por la pandemia, lo que ha ralentizado la intensa agenda europea. En concreto la COVID-19 ha supuesto un obstáculo adicional en el ya de por si atrasado proceso de reforma de la PAC. Aun con todo, finalmente se consiguió cerrar la aprobación de los reglamentos de transición de la PAC para los próximos dos años, un hecho de especial importancia porque garantizará la continuidad de las ayudas de la PAC en los años 2021 y 2022 hasta la puesta en marcha de la nueva PAC que entrará en vigor el 1 de enero del 2023.
Además, estos reglamentos incorporarán desde el inicio del nuevo año que comenzamos los fondos del Plan de Recuperación europeo. Unos fondos de los que España absorberá aproximadamente 726 millones para los próximos dos años y que irán destinados a medidas de desarrollo rural especialmente en acciones relacionadas con la digitalización, la innovación o la ayuda a los jóvenes
Por otro lado, el panorama internacional cierra el año con un acuerdo fundamental –si no el más importante– como lo es la presentación del nuevo presupuesto europeo –Marco Financiero Plurianual 2021-27 (MFP) –, que establece las cuentas europeas para los próximos 7 años. Y lo hace después de un proceso muy convulso y lleno de obstáculos que incluso estuvo a punto de estallar con el bloqueo sin precedentes de Polonia y Hungría a su aprobación por las obligaciones derivadas a la recepción de los fondos del respeto del estado de derecho.
Unas presiones nada democráticas a las que el conjunto de la UE ha sabido hacer frente logrando que finalmente estos países retirasen su veto al presupuesto europeo. Un presupuesto que garantizará y compromete las ayudas para la PAC post 2020 aunque si bien resultará insuficientes especialmente teniendo en cuenta las nuevas exigencias y obligaciones que vendrán impuestas desde Bruselas con motivo de las estrategias “de la granja a la mesa” y” Biodiversidad 2030”.
Por todo ello, en UPA consideramos -y así se lo hemos trasladado a todos los agentes sociales y políticos- que es fundamental que Europa esté a la altura del momento histórico que vivimos pues del mantenimiento de una PAC firme, sólida y dotada de recursos suficientes, va a depender la supervivencia de muchas pequeñas y medianas explotaciones de carácter familiar que necesitan del apoyo europeo para mantenerse a flote.
Por eso, en el contexto de la nueva PAC 2023 -que actualmente se encuentra en la fase de preparación de los planes estratégicos- en UPA llevamos largo tiempo poniendo el acento en cómo esta PAC puede suponer la mejor oportunidad para que el modelo de agricultura familiar basado en las pequeñas y medianas explotaciones sea el protagonista de esta reforma posibilitando la transición no solo hacia un modelo ambientalmente más sostenible sino también más justo y social.
Estamos convencidos de que el modelo de producción que representamos y defendemos, vertebrador del territorio y generador de empleo y riqueza en el medio rural, debería ser compensado mediante una suerte de discriminación positiva que ponga en valor el trabajo y los bienes públicos que estos sistemas productivos aportan a toda la sociedad y al medio ambiente.
A la hora de redactar lo que será nuestro plan estratégico nacional las autoridades españolas deben de ser muy conscientes de ello y es que verdaderamente se nos abre una puerta histórica que no podemos dejar pasar por alto. Solo así lograremos dar sentido y respuesta a la nueva ambición medioambiental y de sostenibilidad de la Comisión que quedará definida en su propuesta estrella en lo que se ha venido a llamar el Pacto Verde (Green Deal).
En otro orden de cosas, el tablero internacional político e institucional finaliza su año sin todavía haber conseguido alcanzar en el momento actual del balance anual, un acuerdo proceso de negociación para la salida de Reino Unido de la Unión Europea (Brexit).
El 31 de diciembre vencerá el denominado periodo transitorio al cual hemos estado sujeto este último año y que ha posibilitado, entre otras cosas, la continuidad de la normalidad de las relaciones con el Reino Unido y que ha evitado cualquier tipo de disrupción que pusiera en riesgo el funcionamiento del mercado interno europeo. En los últimos días hemos sido testigos ya de las largas colas de hasta 10 kilómetros en las fronteras con el Reino Unido y la cadena agroalimentaria española puede será sin duda una de las más afectadas de no alcanzarse finalmente un acuerdo razonable que satisfaga los intereses de ambas partes. En este sentido, desde UPA hemos hecho un llamamiento a la responsabilidad y sentido común de nuestros dirigentes puesto que de no alcanzarse un acuerdo satisfactorio se podrían ocasionar importantes daños y pérdidas económicas para el conjunto de los productores españoles.
Finalmente, y volviendo a la difícil situación generada a consecuencia de la pandemia, es importante recordar que el cierre y suspensión temporal de hoteles, bares, restaurantes y locales de agroturismo ha golpeado duramente a muchos sectores que tienen en este tipo de comercios su única fuente de ingresos y el destino de muchos productos del campo y de la tierra.
La imposibilidad de la venta de productos como las plantas o flores ornamentales, debido al cierre de esos pequeños comercios que dan empleo y vida a muchas ciudades y barrios, así como como la caída en picado en la demanda de productos como el cochinillo, la carne de ternera o la leche o los quesos de nuestras cabras y ovejas ha puesto en jaque la supervivencia de mucha gente del medio rural, y sobre todo la de los pequeños agricultores, mucho más permeables a los efectos de la globalización y las economías de escala.
Por todo ello. a modo de conclusión, es importante insistir en que esta emergencia sanitaria ha puesto de manifiesto y arrojado luz sobre ciertas de las carencias de nuestro actual sistema. Una de ellas pasa sin duda por el rediseño de las actuales políticas sociales y económicas, y en esa línea, el sector agroalimentario necesita de una “vuelta de calcetín” que posibilite una mejor orientación y distribución de la Política Agrícola Común (PAC) y que tenga en especial consideración la importancia de contar con una soberanía alimentaria europea que le permita autoabastecerse para que algo tan básico como la alimentación no dependa de terceros países y seamos capaces de hacer frente a crisis como la que todavía estamos viviendo.
El año 2020, a pesar de estar condicionado por la pandemia, ha permitido el desarrollo de proyectos tan destacados como el ‘Erasmus agrario’ y su relación con la plataforma RAÍCES.
UPA ha sido la única organización agraria que ha apostado en este 2020 por impulsar una idea que es clave para consolidar y reforzar el relevo generacional: el aprendizaje entre iguales a través de visitas formativas de jóvenes incorporados a explotaciones asentadas, con experiencia y mucho conocimiento práctico.
Se ha llevado a cabo una primera experiencia piloto donde se ha formado a nueve jóvenes agricultores y ganaderos en prácticamente solo dos meses. La experiencia ha permitido confirmar el grandísimo interés por este tipo de experiencias formativas y descubrir que las explotaciones de acogida han valorado muy positivamente la experiencia, reconociendo que el intercambio de experiencias se produce en las dos direcciones y que es una manera magnífica de unir explotaciones más allá del periodo formativo.
Para la puesta en marcha de la experiencia, UPA ha contado con la plataforma colaborativa RAÍCES, fruto del desarrollo y esfuerzo de los socios de un grupo operativo (UCO, UMA, TRAGSA y UPA) y se está consolidando como un lugar para el encuentro entre jóvenes, para resolver dudas, plantear iniciativas, orquestar acciones (como esta del erasmus u otras como encuentro de jóvenes), para comunicarse con las administraciones, aprender a través de los juegos…
También ha seguido avanzando la iniciativa ‘Sostenibles por Naturaleza’, con la creación de los premios del mismo nombre, que premiarán explotaciones que han destacado por sus esfuerzos en materia de sostenibilidad. Ha sido la primera edición, pero la calidad de los candidatos, así como el úmero de participantes, aseguran que va a haber más convocatorias.
Se ha desarrollado el proyecto ‘UPA Integra’, con el objetivo de conocer la situación real de las zonas rurales con riesgo de despoblamiento para fijar población migrante en ellas, fortaleciendo su arraigo, identificando a su vez a la población autóctona empresarial para favorecer el mercado laboral, y fomentar la integración social de las mujeres inmigrantes, propiciando con las mujeres rurales sus relaciones entre iguales, así como con otros grupos.
Además UPA ha continuado trabajando en diferentes líneas, como la adaptación y la mitigación al cambio climático mediante el proyecto ‘InfoAdapta-Agri’; la mejora de la salud y la estructura de los suelos agrícolas en el grupo operativo MOSOEX o la búsqueda de herramientas tecnológicas que ayuden a los ganaderos en régimen extensivo a la mejora de su trabajo a través del grupo operativo GELOB que también trata de plantear posibles ayudas al manejo de la ganadería en ambientes donde hay presencia de lobos. Con el GO PreveCo, UPA está colaborando con diversas entidades para prevenir y reducir los daños producidos por conejos en la agricultura.
UPA ha seguido liderando, en este 2020, las principales campañas e iniciativas dirigidas a la opinión pública en los más diversos ámbitos. La revuelta de los ‘Agricultores al Límite’ llevó la cuestión del campo a unos niveles de presencia en los medios de comunicación pocas veces vistos. Logramos un apoyo mayoritario de la sociedad, que comprendió y compartió los motivos de nuestra lucha.
Con la irrupción de la pandemia, UPA siguió reforzando la presencia en los medios de comunicación y las redes sociales, aportando siempre información veraz y contrastada, respondiendo a innumerables consultas y dudas de agricultores y ganaderos y reforzando la labor de servicio público en los momentos de máxima incertidumbre.
La potente posición de UPA en las redes sociales permitió adaptar el trabajo de la organización al nuevo contexto de restricciones de movilidad y ‘presencialidad’. La organización ha seguido publicando su revista oficial, LA TIERRA del agricultor y ganadero, que llega puntualmente a los afiliados y afiliadas. Y ha reforzado su influencia con la celebración de seminarios online con enorme relevancia sobre cuestiones como la estrategia De la Granja a la Mesa, la agricultura familiar, o los ODS de la Agenda 2030. UPA ha seguido organizando iniciativas tan exitosas como el Concurso de Fotografía del Mundo Rural o los premios de la Fundación de Estudios Rurales.
En este 2020, las organizaciones interprofesionales agroalimentarias, en las que UPA defiende la posición de los pequeños y medianos agricultores y ganaderos, han liderado importantes campañas de información y difusión que han mejorado la percepción de los consumidores y han abierto vías de comercialización internacional.
La evolución de los cultivos extensivos en el 2020 ha estado caracterizada por un año excepcionalmente bueno en el régimen de precipitaciones que difícilmente se repetirá en el futuro. Los precios no han acompañado a principio de campaña, pero se fueron recuperando debido, principalmente, a las tensiones ocasionadas por el aumento de la demanda en China.
2020 será recordado por el olivarero por los ruinosos precios en origen, a pesar de la gran campaña de comercialización, y el descenso en la campaña de producción. Una vez más las leyes de la oferta y la demanda no se cumplen en este sector, siendo la producción primaria el eslabón que acumula pérdidas un año más.
La vendimia de esta campaña ha sido totalmente atípica y pasará a la historia debido a la crisis y al grave impacto provocado por la pandemia de COVID-19. Los efectos en España han sido catastróficos, con una reducción muy elevada del consumo de vino en la restauración debido al cierre y limitaciones en estos establecimientos, la caída del turismo y la reducción de las exportaciones. A todo esto, se han unido las repercusiones de los aranceles de EE.UU. El resultado ha sido una bajada muy importante de los precios a los viticultores (entre un 20-30% en muchos casos), que las medidas extraordinarias del Ministerio de Agricultura con el propio Plan de apoyo al sector “PASVE” (destilación, almacenamiento y vendimia en verde) han sido insuficientes y no han podido compensar la pérdida económica producida. UPA sigue reclamando ayudas de carácter comunitario, estatal y regional dado que la situación continúa agravándose al estar condicionada por la situación de la pandemia.
La campaña ha sido desastrosa, con una pérdida alrededor del 50% de la producción, llegándose al 60% en algunas zonas debido fundamentalmente a las condiciones climáticas, exceso de lluvias, temperaturas frías en la primavera, golpes de calor en el norte, etc. A esto se ha unido una alta tasa de parasitación de la varroa, e incremento de daños por los abejarucos y la vespa velutina. Además, las importaciones de miel se han incrementado y con unas cotizaciones muy bajas. Los precios percibidos por los apicultores no han llegado a cubrir los costes de producción.
La situación provocada por la pandemia ha supuesto que buena parte de los consumidores hayan retomado el vínculo entre alimentación sana y el consumo de frutas y hortalizas traduciéndose en un incremento en el consumo en hogares. Sería deseable que esta apreciación se incorporara de forma permanente a los consumidores ya que por desgracia en los últimos años estábamos asistiendo a un descenso en el consumo de estos productos considerando los datos globales.
A lo largo de este año, añadido a la irrupción de la pandemia, la gran preocupación del sector ha sido la incertidumbre ante las condiciones comerciales para la exportación una vez que finalice el periodo de transición del Brexit y el Reino Unido abandone definitivamente la Unión Europea.
España exporta a Reino Unido 1,5 millones de toneladas de frutas y hortalizas, la mitad de lo que adquiere al total de la UE. Por este motivo el sector ha seguido con gran preocupación todo el proceso de negociación y con la incertidumbre por las condiciones de exportación (aranceles, requisitos sanitarios, etc…)
Continúa un año más el descenso en el número de ganaderos y la preocupación por el relevo generacional. Destacar la buena aceptación por parte de los consumidores de la indicación del origen de la leche y los productos lácteos, iniciativa que se inició a modo de prueba durante dos años y que se va a prolongar durante dos años más.
Sin duda, uno de los hechos a destacar en 2020 en el sector porcino es la entrada de la peste porcina africana en Europa, concretamente en Alemania. A partir de ahí, rápidamente, España revisa y endurece los protocolos sanitarios para todos los operadores de la cadena de producción, con el fin de crear las barreras adecuadas que impidan la entrada de la enfermedad en nuestro país.
Otro hecho que ha marcado el sector durante este año ha sido la pandemia generada por la COVID 19, la cual trajo consigo el cierre del canal HORECA, produciendo una gran caída de consumo fuera de casa, tanto en el cochinillo de capa blanca como en el porcino ibérico.
En el porcino de capa blanca, el precio medio anual se sitúa alrededor de 1,35 €/kg vivo, con un total de animales sacrificados que excederá de los 57 millones de animales, con un peso medio a la canal de 88,50 kilos frente a los 86,30 del año anterior, siendo estos dos últimos datos, un récord histórico.
Por su parte, el porcino ibérico, especialmente golpeado por la crisis sanitaria, inicia este 2020 una montanera marcada por la incertidumbre en la que se valora que el ganadero cobrará entre un 20 y un 30% menos por sus cerdos ibéricos de bellota, respecto al año pasado.
Los ganaderos de ovino y caprino de carne han hecho frente a un año especialmente duro en el que han visto mermar sus ingresos como consecuencia de la llegada de la COVID-19, en un momento crucial para el sector, como fue la paridera de primavera.
Afortunadamente, estos hechos fueron aliviados parcialmente, por otros como la creciente exportación a países como Libia, Jordania y Arabia Saudí, y al aumento del consumo en hogares, situándose este consumo para la carne de ovino, en un 5,4% más que en el año 2019.
No obstante, no hay que perder de vista la realidad de estos ganaderos, y es que, en la actualidad, el precio se sitúa 4 euros por debajo del precio del año 2019.
La campaña ha sido mala para el sector de vacuno de carne, sobre todo por el cierre del canal HORECA y la falta de salida de las piezas nobles. Los precios de mercado han caído desde el inicio al final del año, siendo más acusada la caída en algunas de las tipologías, encontrándose el sector en una situación complicada, algo atenuada por el incremento del consumo nacional, por las exportaciones de animal vivo, con destino preferentemente a países mediterráneos, y por la apertura en 2020 del mercado de Filipinas.
El cierre de la hostelería, junto a la reducción de casi la totalidad del turismo en el verano, ha provocado un colapso en el mercado, con disminuciones del precio percibido por los ganaderos y una reducción importante de la producción.
El año 2020 ha confirmado la delicada situación en la que se encuentran este tipo de cultivos, principalmente por el alto coste de producción de los mismos, y el escaso nivel de precios que obtienen los agricultores por su venta como en el caso de la remolacha, el tomate, el algodón o el tabaco. Además estos cultivos tienen un encaje muy complicado en el diseño de las políticas agrarias.
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