Etiquetas: PAC, Agricultura familiar, Desarrollo rural, UPA, Unión Europea, Mercados, Cadena agroalimentaria
Lorenzo Ramos Silva. Secretario general de UPA - 19/07/2018
El debate abierto en la Unión Europea sobre la nueva reforma de la PAC 2021-2027 se analiza en este artículo desde el análisis de las propuestas básicas aprobadas por la Comisión Europea y las alternativas que aporta desde España la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) para conseguir que la PAC responda a las necesidades de la agricultura familiar, favorezca la cohesión socioeconómica en las zonas rurales, ayude a la sostenibilidad del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático, y evite un mayor despoblamiento del medio rural.
Actualmente estamos, una vez más, en el comienzo del debate de otra reforma de la Política Agraria Común (PAC), esta vez, la que se aplicará en el período 2021/2027. El proceso se inició el 29 de noviembre con la presentación por parte de la Comisión Europea de la Comunicación “El futuro de la alimentación y la agricultura”. A partir de esa fecha han sido numerosos los posicionamientos de las diferentes Administraciones públicas (nacionales, autonómicas), y de las diversas organizaciones implicadas e interesadas (OPA, cooperativas, industrias, ONG, etc.), durante este tiempo también se han celebrado un elevado número de jornadas de análisis y debate por toda la geografía española.
Recientemente, el 1 de junio, la Comisión Europea presentó las propuestas reglamentarias de la PAC, y esto supone el inicio de un debate con mayor concreción en las instancias europeas competentes (Consejo Europeo de Ministros de Agricultura y Parlamento Europeo), que tendrán finalmente, y con participación de la Comisión Europea , el diseño de la futura PAC, que debería estar lista para su aplicación a partir de 2021, eso sí, con unas elecciones en el Parlamento Europeo en junio de 2019 que pueden provocar cierto parón y retraso en el proceso de debate y tramitación.
Pero antes de analizar qué puede suponer esta PAC para nuestra agricultura y los planteamientos que hacemos desde UPA, en especial para la agricultura familiar que apoyamos y defendemos, valoremos lo que supone la PAC para la agricultura y el medio rural en la UE y en España.
La agricultura y la ganadería son los sectores encargados de producir alimentos y materias primas, siendo claves y estratégicos para el desarrollo y sostenibilidad de cualquier sociedad.
El sector productor agrario europeo ostenta los estándares de seguridad, calidad, sostenibilidad y bienestar animal más exigentes del mundo. Sus productos son una garantía dentro y fuera de la UE, y llegan en variedad y en cantidad al consumidor a precios razonables. Actualmente, la PAC dedica un 30% de su presupuesto a medidas vinculadas con el medio ambiente, y aplica los más altos estándares a nivel mundial en seguridad alimentaria, calidad y respeto al bienestar animal.
También la PAC se preocupa del desarrollo rural con la participación directa en la estrategia y gestión de los Estados y de las regiones, así como de incentivar la innovación y el desarrollo económico para adaptarse a los retos de la sostenibilidad económica, medioambiental y social, y el progreso en las zonas rurales.
El coste presupuestario de la PAC en relación a su importancia estratégica es muy reducido, el 1% del gasto público total, y el 0,40% en relación a la renta nacional bruta de la UE. Que la PAC represente actualmente el 39% del presupuesto comunitario se debe a que es precisamente la única política de competencia exclusiva de la UE. Por otro lado, a pesar de las ampliaciones a más Estados miembros, su peso relativo y real en el presupuesto comunitario no ha hecho más que reducirse en los últimos 30 años, pasando de casi un 70 al 39% actual.
La UE afronta retos a nivel político, económico y medioambiental. La PAC resultará fundamental para dar una respuesta coherente y eficaz a nivel europeo y global.
La PAC debería seguir jugando un papel trascendental para reducir las diferencias de desarrollo entre Estados miembros y seguir avanzando en un mercado único cada vez más integrado que incorpore los aspectos fiscales, laborales y medioambientales. Solamente de esta manera conseguiremos un mercado justo e inclusivo, huyendo de la competencia desleal.
La PAC es una política clave desde el punto de vista económico, social y ambiental. Tiene que hacer frente a retos de carácter transversal, como ofrecer una renta justa a los agricultores, luchar contra el cambio climático, preservar los recursos naturales y mantener la calidad de vida en el medio rural. Para ello se necesita una PAC correctamente diseñada, con unos objetivos revisados que respondan a las demandas de los ciudadanos, a la magnitud de los retos mencionados y con un presupuesto adecuado.
Desde UPA consideramos que la PAC debe fomentar la producción sostenible de alimentos, generar actividad y cohesión socioeconómica en las zonas rurales, lograr la preservación del medio ambiente y contribuir a la lucha contra el cambio climático, así como frenar el despoblamiento del medio rural.
El presupuesto de la UE debe hacer frente a nuevos retos tales como inmigración, seguridad y defensa. Por otro lado, la salida del Reino Unido de la UE provocará una reducción neta del presupuesto de 13.000 millones de euros. Para hacer frente a estos retos el próximo Marco Financiero Plurianual debe romper con el techo del presupuesto comunitario del 1% de la RNB de la UE, y alcanzar el 1,3%, imprescindible para no poner en peligro las actuales políticas sobre agricultura y cohesión. Sin embargo, la propuesta de la Comisión propone un incremento del 1,114%, lo cual, aunque es valorado por UPA, se considera insuficiente para los objetivos pretendidos. Invertir recursos presupuestarios a través de la UE es aumentar su eficiencia e impacto para todos los Estados miembros.
La PAC permite que disfrutemos de los alimentos más sanos, más variados, más seguros y de más calidad del mundo. Y para que pueda seguir cumpliendo sus objetivos debe tener un presupuesto fuerte y unos objetivos claros. La PAC no es una política para los agricultores, sino para toda la sociedad.
Los agricultores y ganaderos españoles no pueden admitir el recorte que ha planteado la Comisión en su comunicación del 1 de mayo. UPA ha instado al Parlamento Europeo y al Consejo de la UE a oponerse a esta propuesta porque “menos PAC significa menos Europa”. La PAC es, desde su creación, uno de los pilares de la construcción europea. Sin embargo, ha ido perdiendo peso reforma tras reforma. Con esta última propuesta que acaba de conocerse, la PAC supondría apenas el 30% del presupuesto europeo, cuando en sus orígenes significaba casi el 70 %.
La propuesta quiere recortar también intensamente los llamados fondos de cohesión y los destinados al desarrollo rural, que son los que deben servir para frenar uno de los principales retos demográficos a los que se enfrenta Europa: el despoblamiento de las zonas rurales.
UPA quiere una Europa más sostenible, más respetuosa con el medio ambiente, con una economía fuerte y diversificada. Reducir el presupuesto de la PAC no parece el mejor camino para alcanzar estos objetivos. Este recorte perjudicaría especialmente a los pequeños y medianos agricultores y ganaderos, haciéndoles más vulnerables frente a las grandes corporaciones. Por ello UPA reclama el mantenimiento de una PAC fuerte con un presupuesto sólido.
Resulta obligado oponerse a las reducciones presupuestarias propuestas, especialmente en lo relativo a la política de desarrollo rural. España debe posicionarse claramente en un aumento de la aportación al presupuesto comunitario si realmente se quiere financiar la futura PAC, compensar la pérdida presupuestaria que causará la salida del Reino Unido de la UE, así como afrontar los crecientes retos y las prioridades de la UE (seguridad, innovación, refugiados…).
Una PAC fuerte debe generar actividad y cohesión socioeconómica en las zonas rurales y ayudar a la sostenibilidad del medio ambiente en el medio rural y a la lucha contra el cambio climático, así como evitar un mayor despoblamiento del medio rural.
Con los Planes Estratégicos a elaborar por los Estados miembros, se tiende a una subsidiariedad mal entendida, que puede derivar a una renacionalización, y posterior cofinanciación de los pagos en el primer pilar, eliminando el ya de por sí debilitado concepto de “común” de la PAC. En un Estado como el español, la posibilidad de 17 planes estratégicos regionales pondría en riesgo la unidad de criterio y provocaría una grave distorsión con negativas repercusiones económicas, sociales y territoriales. Son necesarias garantías que aseguren que la simplificación ofrecerá mejores resultados y que la PAC siga siendo una política verdaderamente sin renacionalizaciones.
UPA valora muy positivamente la propuesta orientada a dotar de una mayor justicia social en el destino de las ayudas con la introducción de elementos de gestión de los pagos directos en el sentido de:
UPA apuesta claramente por una agricultura productiva, cuya principal función es la producción de alimentos, a la vez que se gestiona la mayor parte del territorio.
La enorme diversidad que caracteriza a nuestro sector agrario, no puede convertirse en un problema a la hora de legislar desde la Comisión, por lo que cualquier política comunitaria debe, por un lado, apoyar la producción agraria, manteniendo ese mosaico de cultivos y producciones, con pagos directos diferentes, por lo que UPA apuesta por mantener en España la regionalización con diferentes ayudas tal y como se ha venido realizando hasta el momento.
Necesidad de incrementar los pagos acoplados, ya que son los únicos que están unidos a un nivel de producción mínima y, además, son fundamentales para las explotaciones familiares que ligan su futuro a la producción de alimentos, siendo muy importantes para asegurar el abastecimiento para la sociedad. En este sentido, UPA propone que el presupuesto propuesto, el 10% de las asignaciones nacionales, resulta muy limitado y debería llegar al menos al 15 %. También es preocupante que no se presentase una ayuda acoplada para la ganadería sin tierras, tal y como estaba recogido en el anterior reglamento.
En UPA consideramos una prioridad máxima desarrollar medidas activas y comprometidas que favorezcan el relevo generacional en la actividad agraria y apoyen la presencia de las mujeres rurales en el sector, incluyendo actuaciones como estas:
El establecimiento de condicionantes medioambientales más exigentes para recibir la ayuda básica debe ser consecuente con la necesidad de alcanzar una sostenibilidad económica de la actividad agraria. La sostenibilidad medioambiental por sí sola no garantiza ningún éxito, si no se mantiene la razón fundamental de las explotaciones agrarias, que es la producción de alimentos.
Por ello, es imprescindible promover medidas de mitigación y adaptación al cambio climático, a través, entre otros, de programas agrarios de adaptación y de reducción de gases de efecto invernadero. El sector agrario necesita más inversiones en nuevas investigaciones, innovaciones, servicios de asesoramiento, formación, para afrontar tanto el reto del cambio climático, ya sea en lo referente a la mitigación y a la adaptación, como el resto de retos ambientales (biodiversidad, suelos, agua…).
También es fundamental el fomento y desarrollo de energías renovables en el sector agrario y en el medio rural en general; así como asegurar la suficiente financiación y una gestión correcta de la Red Natura 2000 y los demás espacios protegidos contando, entre otras medidas, con apoyos diferenciados para los agricultores y los ganaderos que practiquen una gestión favorable para la conservación de estas zonas.
La política de desarrollo rural debe tener un papel importante para promover el empleo y la gestión del territorio rural. Por ello, resulta muy preocupante la importante reducción presupuestaria propuesta para la política en desarrollo rural, con una disminución de al menos el 15% con respecto al periodo anterior, así como la disminución de 10 puntos en la cofinanciación con fondos europeos de las diversas medidas, que obligaría a incrementar la cofinanciación nacional si se quieren mantener los mismos importes de ayudas actuales.
Para UPA, las políticas de desarrollo rural en el seno de la PAC deben tener como principal referente a los agricultores y a los ganaderos ya que constituyen el elemento vertebrador del mundo rural y son los auténticos gestores del territorio y de los recursos naturales que alberga. Por este motivo, las políticas de desarrollo rural enmarcadas en el segundo pilar de la PAC, con fondos FEADER, deben tener como principal beneficiarios a los agricultores y a los ganaderos, justificando de esta manera la diversidad de funciones que realizan (sociales, económicas, territoriales, ambientales…).
Es necesario apostar por el desarrollo local participativo con base en LEADER, más allá de las políticas de agricultura, y utilizando el enfoque plurifondo a través de otros Fondos Estructurales para financiar las estrategias de desarrollo local participativo.
La PAC debe desempeñar un papel esencial para ayudar a establecer e integrar a los inmigrantes, en particular a los refugiados, en las comunidades rurales. Los LEADER pueden ser un instrumento esencial para este objetivo.
También creemos que es necesaria una adecuada formación, ya que constituye una herramienta clave para el crecimiento, el empleo, el desarrollo y la actividad económica en los territorios rurales, propiciando la inversión en capital humano, el aprendizaje permanente, la potenciación de la I+D+i en el medio rural, la lucha contra el desempleo juvenil y la oportunidad de avanzar en la igualdad entre hombres y mujeres. La formación debe tener por objetivo ampliar los conocimientos y las cualificaciones de los profesionales que se dedican a distintas actividades en el medio rural, especialmente a la agricultura, permitiendo una nueva orientación cualitativa a la producción agraria y alimentaria y a la aplicación de sistemas productivos innovadores y respetuosos con el medio ambiente.
Resulta obligado incluir medidas de gestión de mercado que sean ágiles y efectivas en momentos de crisis, ya que las herramientas actuales, además de insuficientes, han dado señales de una clara ineficacia y en algunos casos con alto coste. Se puede afirmar que la gran olvidada en la propuesta de esta reforma es la gestión de los mercados. Para UPA resulta muy frustrante que la propuesta de nueva PAC no contemple instrumentos públicos eficaces y suficientes para regular y estabilizar los mercados agrarios.
La experiencia demuestra que el mercado, sin ninguna regulación, solo busca el beneficio a cualquier precio. Por ello es preciso establecer una regulación clara de este que defienda los intereses de agricultores y ganaderos, pero también de los consumidores. Es necesario avanzar en medidas de gestión de mercado que sean ágiles, eficaces y suficientes. Hay que actualizar las medidas de gestión existentes, recuperar algunas que se han ido perdiendo en sucesivas reformas e instaurar nuevos mecanismos de desencadenamiento adaptados al contexto actual.
Reequilibrar la cadena agroalimentaria, definiendo las prácticas desleales y reforzando el peso de las pequeñas empresas agroalimentarias y de la agricultura familiar, debe ser otro objetivo básico de la nueva PAC. Para ello es necesario reforzar el poder de los productores en el mercado y, por tanto, deben adoptarse iniciativas valientes, desde el respeto a la normativa europea y de competencia:
Se trata de permitir que las organizaciones de agricultores, bien en el seno de las interprofesionales o bien constituyendo organizaciones de productores, puedan negociar colectivamente las condiciones de los contratos de venta de los productos agrarios. Esta es la única forma efectiva de revertir la situación actual donde la asimetría en las relaciones comerciales entre la producción y la industria y la producción y la distribución hace que sea nuestro sector el que asuma todas las tensiones de los mercados.
En definitiva, consideramos que se abre un nuevo proceso de análisis y debate ante la futura PAC en la que UPA va tener como eje central en sus demandas la defensa de un modelo social de agricultura, basada en la agricultura familiar. Este modelo debe quedar reflejado en los instrumentos de la PAC, tanto en los criterios del sistema de ayudas, que deben tener un claro componente social (techos, redistribución de ayudas…), como en priorizar a los “agricultores genuinos” y a la actividad agraria real, así como valorando y visibilizando la sostenibilidad (en sus facetas social, económica y ambiental) que ejercen los agricultores y los ganaderos.
Artículo publicado originalmente en el Anuario 2018 de la Agricultura Familiar en España.
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