A medida que se va animando el debate en torno al futuro de la PAC, antes de llegar a la verdadera negociación política en el Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros de Agriculturta de la UE, se van perfilando necesariamente las posiciones de cada cual. En nuestro caso, en España, el Gobierno, las comunidades autónomas, las diversas organizaciones del sector, los colectivos sociales que nos miran todavía con cierto recelo –como algunos grupos mal entendidos por conservacionistas–, e incluso todo el sistema financiero que pone sus ojos en los recursos públicos que mueve la Política Agraria Común.
En medio de todo este ruido, bienvenido cuanto más diverso sea, nosotros, las mujeres y los hombres de UPA estamos en primera línea de presión, porque sabemos que está en juego el futuro de la agricultura familiar en Europa. Y para ello insistimos en centrar el foco en la dimensión social, territorial, medioambiental, demográfica, de libertad y seguridad alimentaria, e incluso cultural, que tiene este tema de la PAC.
Nuestra posición está claramente enfrentada a aquellos que solo quieren hablar de las perspectivas financieras, en un intento de limitar el análisis y la negociación posterior a cuánto dinero tendremos para distribuir entre los Estados miembros, sin que desde la Unión Europea preocupe mucho –cada vez menos– a qué se destina finalmente en cada caso. Una visión que trasladada a España se repite en el juego interterritorial con las comunidades autónomas.
Allí donde llega nuestra voz, que llega a muchos sitios, estamos poniendo en vergüenza este enfoque sobre la PAC del futuro. Porque sin presupuesto no hay PAC, es evidente, pero el dinero no es lo más importante. Sino lo que hacemos con él. Porque estamos hablando de personas, no de dinero. De los millones de agricultores y ganaderos europeos, mujeres y hombres que trabajan en pequeñas explotaciones, a los que se intenta callar la boca con un sistema de ayudas desequilibrado e injusto, que no garantiza la viabilidad de su trabajo en la cadena de valor alimentaria, que debe ser el verdadero objetivo de la PAC, por el bien de todos.
No queremos limosna, queremos justicia social. Igualdad de oportunidades para competir en mercados transparentes. Sabemos hacerlo, nunca mejor dicho desde que el campo es campo, en las condiciones adecuadas, manejando las reglas propias de la oferta y la demanda; pero es imposible luchando contra la especulación y las malas artes de quienes han conseguido dominar la demanda hacia los proveedores y la oferta hacia los consumidores. Son pocos, pero muy poderosos frente a la mayoría social que somos todas y todos.
Sin olvidar que, por primera vez, y gracias a la presión de organizaciones como UPA y FADEMUR, se está incorporando al debate político la perspectiva de género en el diseño de la nueva PAC. Ni las mujeres ni los hombres del campo español podemos consentir que, como ha venido sucediendo hasta ahora en los últimos años, en este tipo de debates se incorporase al final de cualquier documento una referencia de pasada, en lote común, a “los jóvenes y las mujeres”, como una especie de colectivos marginales a los que ofrecer aprecio sin mucho más compromiso.
Es el momento de cambiar esta visión de una vez por todas. Porque si las políticas de igualdad son ya imprescindibles y transversales en todos los órdenes de la vida, es inconcebible que una política europea como la PAC no incorpore en su reforma consideraciones específicas y de discriminación positiva hacia las mujeres rurales de toda Europa, que luchan con dificultades añadidas por su entorno hasta conseguir que se las vea, se las respete y se las apoye como merecen. Entre otras cosas por puro egoísmo colectivo de las sociedades europeas, porque sin muchas y comprometidas mujeres trabajando y viviendo en el medio rural, la amenaza del despoblamiento crecerá de forma exponencial.
Editorial del número 270 de la revista oficial de UPA “La Tierra del agricultor y ganadero”
