Los movimientos obreros de principios del siglo XX popularizaron un eslogan que se convirtió en símbolo. La lucha continúa. A cada pequeña conquista, añadiendo mejoras en las condiciones de trabajo, la lucha continuaba con nuevas reivindicaciones siempre con el objetivo de dignificar el empleo y el salario, en un esbozo de lo que ahora llamamos servicios sociales y bienestar. En definitiva, de respeto hacia las personas y su contribución individual al bien común.
Una referencia histórica que ahora, un siglo después, encaja perfectamente con lo que está pasando en el campo español en los primeros meses de 2020. Más de medio millón de personas, hombres y mujeres que vivimos en pueblos de toda España trabajando en la agricultura y la ganadería, hemos participado en movilizaciones de todo tipo para decir que estamos al límite, exigir precios justos y respeto en las formas y el fondo de las relaciones comerciales en el mercado.
Un ¡basta ya! que demuestra que no exageramos cuando decimos, desde hace años, que es cierto el riesgo de desaparición de miles de explotaciones agrícolas y ganaderas, que no es sostenible vender por debajo de coste y que, por falta de expectativas, estamos expulsando de la actividad a la juventud rural que debería tomar el relevo.
La explosión del sector ha sido tan potente que ha conseguido algo impensable hace solo unos meses. Una reacción del Gobierno con cambios legislativos y promesas en la buena dirección y, sobre todo, una oleada imparable de comprensión y solidaridad por parte de la sociedad española, la opinión pública y el sistema político que parece, por fin, entreabrir los ojos a la dura realidad que denunciamos.
Un primer paso, sin duda, pero no es suficiente. Por eso, la lucha continúa para conseguir que las leyes se cumplan, las promesas se concreten y, sobre todo, para evitar que, una vez concluido el periodo de movilizaciones, la presión se relaje. Nos preocupa especialmente que el compromiso político que hemos conseguido no sea capaz de evitar, por mucha voluntad que tenga, como ya ha sucedido en el pasado, resquicios al borde de la ley para que las grandes empresas de la industria y la distribución no respeten las condiciones de contrato y precio.
Para evitar este riesgo, que es real, hay dos vías: una, reforzar la inspección, las sanciones y dar publicidad inmediata a los infractores; y dos, hacer cultura y pedagogía, no tanto promocionando las bondades de los alimentos españoles, que todos valoramos, como reforzando mensajes hacia la sociedad sobre la imperiosidad de mantener la producción propia de un país como el nuestro con precios justos para los productores.
Y no consentir en ningún caso que los muy poderosos lobbys de la distribución enfrenten a los agricultores y los consumidores, con la falacia de que pagar un precio justo supondrá comer más caro. Es mentira y de las gordas, porque en el precio final que pagamos todos como consumidores hay margen más que suficiente para que los productores cobremos lo que nos cuesta producir y que el resto de eslabones de la cadena tenga una rentabilidad razonable. Solo hay que acabar con los abusos. La lucha continúa.
