Editorial del número 256 de la revista La Tierra
Ya estamos acostumbrados a que las grandes negociaciones internacionales sean muy largas, complejas, tediosas, generalmente alejadas de la atención permanente de la opinión pública. Así ocurre, por ejemplo, en cuestiones que nos afectan a todos, como los acuerdos para luchar contra el cambio climático. Y más aún sucede cuando se trata de cuestiones comerciales, con las negociaciones entre Estados u organismos que agrupan a Estados, de las que se desprenden normas y reglas del juego que afectan después a todos los actores de las cadenas de producción, transformación y comercio, ya sean de productos o servicios.
La historia reciente tiene ejemplos muy ilustrativos. A finales de los años ochenta del siglo pasado, los países que formaban parte del GATT (creado tras la Segunda Guerra Mundial entre los países más desarrollados) abordaron una negociación para liberalizar el comercio internacional. Se tardó casi diez años, pero de ese proceso nació la Organización Mundial del Comercio y se sentaron las bases de lo que hoy conocemos como globalización, cuyas consecuencias positivas y negativas han sido, efectivamente, globales, porque nos afectan a todos, como ciudadanos, como trabajadores, como consumidores.
Y algo similar está ocurriendo de nuevo ahora, cuando Estados Unidos y la Unión Europea negocian un marco bilateral de acuerdos comerciales, que intenta contrarrestar el dominio creciente de China como primera potencia mundial en todos los sentidos, incluidos el financiero y el comercial.
Se trata del ya famoso TTIP (siglas en inglés de Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones), cuya negociación está siendo interesadamente opaca, hasta el punto de tener ya su propio escándalo de filtraciones, como si el objetivo de las partes fuese que los afectados no nos enteremos de nada.
El TTIP está generando un rechazo comprensible en muchos ámbitos por lo que supone de amenaza a lo más positivo que tenemos en la Unión Europea, en derechos sociales y laborales, en el equilibrio entre lo público y lo privado, en la protección medioambiental y la seguridad alimentaria, en la defensa del modelo europeo de agricultura. Todo apunta a que se trata de homologarnos a la baja.
Un rechazo que en UPA compartimos en el fondo de la cuestión y, lógicamente, en la evidencia de que la agricultura se terminará convirtiendo en la moneda de cambio para la Unión Europea, cediendo en este terreno a cambio de contrapartidas en otros con mucho mayor peso en los intercambios con Estados Unidos.
Por ello, nuestra actitud en este tema está siendo firme y clara. Denunciamos lo que no nos gusta, hacemos propuestas. Queremos ser agentes activos en el proceso. Nos jugamos mucho. Pero no es suficiente con el rechazo frontal sin más, porque ese sería el mejor escenario frente al interés político y económico que se esconde tras las siglas TTIP: tú di lo que quieras, que yo haré lo que me venga en gana. Nuestra responsabilidad es ser influyentes, que se nos tenga en cuenta y conseguir que en las decisiones finales se recojan las inquietudes de los actores locales, los agricultores y agricultoras, los ganaderos y ganaderas, que con nuestro trabajo aportamos productos para alimentar al mundo y generar valor en la cadena global del comercio.
