Todas las instituciones democráticas en España están iniciando en el verano de 2023 un nuevo ciclo político, tras las elecciones municipales y autonómicas de mayo, y especialmente tras las elecciones generales de 23 de julio, cuyos resultados, dentro de una cierta incertidumbre, parecen apuntar hacia el intento de repetir los pactos que permitan renovar un Gobierno progresista.
Un nuevo periodo legislativo y de gestión política y administrativa cuyo primer reflejo es la diversidad de partidos políticos y coaliciones de orientaciones ideológicas distintas gobernando en un amplio y complejo entramado de instituciones de todo tipo, como síntoma de fortaleza democrática y de compromiso con la gestión pública, aunque cada cual se sienta lógicamente más próximo o alejado de unas u otras sensibilidades políticas.
Por ello, con la ilusión que generan todos los principios, este arranque de legislatura se presenta especialmente propicio para impulsar iniciativas que miren al futuro, busquen soluciones para resolver problemas y, sobre todo, abran nuevas vías de progreso para la mayoría de la sociedad.
Un escenario en el que las organizaciones sindicales, como instituciones fundamentales en una sociedad democrática, tenemos también una gran responsabilidad, reivindicando, negociando y consiguiendo iniciativas legislativas y de gestión.
Algo de esto sabemos en la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, llevamos haciéndolo con éxito desde los primeros pasos del más largo periodo de democracia que ha vivido nunca España. Siempre con un objetivo: favorecer el progreso del colectivo mayoritario del campo español, formando por los cientos de miles de explotaciones familiares repartidas por todos los territorios y sectores productivos.
Hemos conseguido avances importantes en la lucha por los precios justos y el sentido común en la cadena alimentaria, hemos sido decisivos para mejorar el plan estratégico de la PAC en España, hemos obtenido apoyos importantes en situaciones críticas por la sequía, la guerra en Ucrania, la inflación… Es nuestro deber y así lo asumimos.
Pero ahora ha llegado el momento de dar un paso más. Necesitamos que la sociedad, a través de sus instituciones democráticas, reconozca la enorme importancia de la agricultura y la ganadería familiar, con una ley específica, que sirva de marco general para poner en valor su dimensión territorial, económica, social, demográfica, sostenible y cultural.
Sabemos que las leyes por sí mismas no hacen milagros, lo estamos viviendo todavía con la Ley de la Cadena Alimentaria. Tampoco pedimos privilegios discriminatorios respecto a otros colectivos. Nuestra propuesta a los partidos políticos -especialmente a los que han incluido esta nueva ley en sus programas electorales- quiere ser una llamada de atención a la sociedad para que la agricultura y la ganadería familiar tengan una consideración especial en todas las políticas que afectan a la vida en los pueblos y el trabajo en el campo.
Estamos hablando de relevo generacional, de generar ilusión en las y los jóvenes para que valoren las oportunidades que ofrece el trabajo en la agricultura y la ganadería, de seguir avanzando en igualdad y progreso para las mujeres rurales, de reforzar las garantías de renta y viabilidad de las explotaciones familiares. En definitiva, de que la Ley de la Agricultura y la Ganadería Familiar ayude a concentrar, sin necesidad de excluir a nadie, los mayores esfuerzos y recursos públicos en la gran red social que sostiene la agricultura y la ganadería en España.
Editorial del número 294 de la revista oficial de UPA: La Tierra de la Agricultura y la Ganadería
