Conservar las comunidades rurales es una victoria social, económica y medioambiental, y la agricultura y la ganadería tienen un papel central en esa victoria. Garantizar la continuidad de la actividad económica agraria y el fortalecimiento del tejido social supone contribuir a la preservación de esas comunidades, unas comunidades que transmiten, generación tras generación, historia, cultura, sabiduría, respeto por el medio natural y toda una forma de vida asociada al ámbito rural.

La transmisión de todo ese patrimonio requiere una versión adaptada a las exigencias del siglo XXI. Y el protagonismo de esa agricultura en clave contemporánea corresponde a la innovación y el emprendimiento que están impulsando los modelos agrícolas de tipo familiar con el fin de asegurar el progreso sostenible de la actividad agraria y de los pueblos y territorios donde se ubica.

Pero no sólo eso. Cuando hablamos de actividad agraria, parece que hablamos en exclusiva de agricultores, ganaderos y trabajadores del campo. Sin embargo, tiene una dimensión más amplia, ya que estamos hablando también de la comida que servimos, cada día, en nuestros platos. Y, en este aspecto, la agricultura de tipo familiar es crucial en el mundo, ya que produce más del 80% de los alimentos del planeta. La necesidad de producción de alimentos de una manera respetuosa con el medio ambiente y para una población en constante crecimiento, convierte, por tanto, a la agricultura familiar en el elemento transformador que requieren los sistemas alimentarios ante los retos globales y locales.

Tuve la satisfacción de participar en la reciente presentación del documento de Bases para un Plan del Decenio de la Agricultura Familiar en España, que tuvo lugar, precisamente, en la sede de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA). Allí, pude constatar que la agricultura familiar resulta fundamental para garantizar la sostenibilidad alimentaria, así como la cohesión social y territorial de las zonas rurales. Es un modelo agrario estratégico en el combate contra el despoblamiento, gracias precisamente a su implantación en el territorio, a su capacidad de generar empleo para jóvenes y mujeres y a su importante papel en la protección del medioambiente.

En España, el 80% de las más de nuestras 900.000 explotaciones agrarias tiene como titular a una persona física. Pero lo verdaderamente destacable de la agricultura familiar es su función estratégica. En consonancia con la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), es esencial reconocer su contribución al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. De hecho, el Decenio para la Agricultura Familiar 2019-2028 pretende establecer un marco de actuación, que incluye la mejora de las políticas públicas en apoyo a la agricultura familiar, para la consecución de ODS tan importantes como la erradicación del hambre y la pobreza.

Situación compleja: guerra y sequía

Desde que tengo la responsabilidad de la cartera del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (2018) no he faltado a mi cita con este Anuario de la Agricultura y Ganadería Familiar en España, que edita la Fundación de Estudios Rurales de UPA. Han sido años complejos por la sucesión de hechos y circunstancias extraordinarias a los que ha habido que hacer frente. Hoy por hoy, el momento sigue siendo complicado para el sector agrario, debido a los efectos de una sequía intensa y de la invasión rusa de Ucrania, que trastoca los mercados alimentarios y eleva los costes de producción.

Ante estas dificultades añadidas, hemos desplegado, desde el Gobierno de España, un conjunto de medidas de apoyo urgentes y extraordinarias, que aglutinan un volumen de recursos nunca visto hasta ahora. Estamos respondiendo ante el incremento de precios de las materias primas, la energía y los fertilizantes, unido a las consecuencias de la sequía, sobre todo en cuencas como la del Guadalquivir, Guadiana e interiores de Cataluña. Y lo hacemos porque somos conscientes de que la rentabilidad es un elemento indispensable para que las explotaciones familiares puedan seguir produciendo esos alimentos que llegan a nuestras mesas todos los días.

Hemos iniciado el pago de 281 millones de euros en ayudas para 243.000 agricultores en el capítulo de compensación de la subida del precio de los fertilizantes. También hemos publicado en el BOE la orden de módulos del IRPF para el ejercicio 2022, que supone una rebaja de la base imponible de 1.807 millones y que beneficia a más de 800.000 agricultores y ganaderos, gracias a la reducción del rendimiento neto del 25%.

En el capítulo fiscal, también ha habido una minoración del rendimiento neto del 35% por adquisición de gasóleo y del 15% por fertilizantes, así como una rebaja de los módulos entre el 30 y 50% para sectores ganaderos, cereales, leguminosas, oleaginosas, olivar, albaricoque, melocotón, nectarina, almendra y castaña, además de otras rebajas en sectores y territorios afectados por vicisitudes. Se trata de la rebaja fiscal de mayor alcance en los últimos años, y que tendrá efecto en la actual campaña de declaración de la renta.

Más directamente, hemos puesto en marcha un potente paquete de medidas urgentes y de apoyo al sector agrario para hacer frente a la prolongada situación de sequía y temperaturas altas, así como al agravamiento de las condiciones de producción del sector primario como consecuencia de la guerra en Ucrania. Entre ellas, ayudas directas de Estado, que superan los 636 millones de euros para el sector agrícola y ganadero, así como la subvención de hasta un 70% en el coste de la póliza del seguro agrario. El impacto económico de todas las medidas adoptadas, sólo este año, suma ya en el ámbito agrario más de 748 millones de euros. Asimismo, hemos solicitado iniciativas a la Comisión Europea, tales como la activación de la reserva de crisis por la sequía en la península ibérica, el uso de fondos FEADER para los sectores más afectados, el incremento del anticipo de la PAC o la flexibilización de algunos aspectos (condicionalidad y ecorregímenes).

En este mismo sentido, hemos contemplado que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación establezca criterios para que las autoridades competentes de las Comunidades Autónomas puedan flexibilizar, de una forma armonizada, determinados requisitos de las ayudas directas de la PAC. Se trata de que las circunstancias devenidas como consecuencia de la sequía no representen impedimentos añadidos en la percepción de las ayudas. Por ejemplo, en las zonas afectadas, se podrán reducir la carga ganadera y los días de pastoreo requeridos en los ecorregímenes de extensivo. O también se podrá incrementar la superficie de barbecho y reducir el porcentaje de especies mejorantes para los de rotación de tierras de cultivo.

Estrenamos PAC

Hemos hecho frente, y creo que con bastante acierto, a las circunstancias sobrevenidas, a la vez que hemos mantenido nuestro rumbo para transformar el sector agrario y adecuarlo a las necesidades del siglo XXI. Estrenamos este año una nueva Política Agraria Común (PAC) que, bajo el paraguas del Pacto Verde y de las estrategias que más proyección tienen en la actividad agraria (De la granja a la mesa y Biodiversidad 2030), es una de nuestras principales herramientas para llevar a buen puerto esa transición en nuestro sector productivo agrario.

La agricultura y ganadería familiar ha tenido un gran peso en el diseño de esta nueva PAC y su puesta en marcha va a suponer, ahora, un importante revulsivo para este tipo de actividad agraria. De hecho, muchos de los aspectos de la nueva PAC van dirigidos a apoyar a las pequeñas y medianas explotaciones familiares y profesionales que conforman la gran clase media de nuestra agricultura y ganadería y que, en muchos casos, tienen más vulnerabilidad. Me refiero, por ejemplo, al pago redistributivo y al tope máximo de las ayudas que se aplican, por primera vez, en nuestro país. O la definición de agricultor activo para dar cabida a los beneficiarios de hasta 5.000 euros anuales de ayudas.

La nueva PAC es más justa, más social, más igualitaria y con más ambición medioambiental. Apoya especialmente a la agricultura familiar y apuesta por el relevo generacional y la innovación.

España cuenta con un presupuesto de fondos PAC de 47.724 millones de euros, en el marco financiero 2021-2027. Vamos a canalizar más de 32.500 millones a través de nuestro Plan Estratégico Nacional, cuya aprobación fue fruto de un ingente trabajo de coordinación y cooperación con las comunidades autónomas, representantes del sector agrario y otros agentes sociales. Me permito volver a trasladar, desde estas páginas, mi agradecimiento a todas aquellas personas que han mantenido un espíritu constructivo a lo largo del proceso de elaboración.

Los agentes que han participado han estado de acuerdo y han apoyado la orientación de nuestro Plan Estratégico hacia una agricultura más innovadora, más digital y comprometida con el relevo generacional. Así pues, tenemos un Plan que refleja las tres prioridades que nos hemos fijado desde el Ministerio: apoyo a hombres y mujeres jóvenes en el ámbito rural; apoyo a la innovación y digitalización; y apoyo al regadío sostenible.

En el gran puzzle que es nuestro Plan Estratégico existen innumerables piezas dirigidas a esos objetivos. Los jóvenes contarán con un pago complementario del 2% en los más de 4.800 millones de euros anuales que se destinan a ayudas directas. Dado que este pago complementario está ligado a las regiones establecidas en la ayuda básica, el pago a los jóvenes se podrá adaptar mejor a la estructura de sus explotaciones.

Y, en el caso de que las titulares de las explotaciones sean jóvenes agricultoras y ganaderas se asigna un 15% adicional. Puedo decir con orgullo que España ha tenido un papel muy activo en la incorporación de la perspectiva de género en la PAC. Es un aspecto fundamental. A aquellos que no les parezcan suficientes las razones de justicia y equidad, existen también razones de eficacia. Es necesario que las mujeres encuentren en las zonas rurales condiciones laborales y de vida justas con las que poder construir su futuro. En caso contrario, se marcharán a buscarlas en otros lugares. Y, sin mujeres, el campo entra en decadencia.

Las subvenciones a las explotaciones de titularidad compartida también están orientadas a paliar las situaciones de desigualdad y a dar visibilidad al trabajo de las mujeres en el campo. Representan más de un tercio de las personas que trabajan en las explotaciones agrarias familiares y, en muchos casos, no figuran como sujetos de derecho

Contamos también con fondos de desarrollo rural destinados a impulsar la primera instalación. Destaca una nueva medida, denominada ‘Cooperación para la sucesión de explotaciones agrarias’, que consiste en prestar apoyo a agricultores y ganaderos que decidan cesar su actividad y deseen ceder su explotación a otros profesionales jóvenes a través de un proyecto de cooperación entre ambos. El objetivo es facilitar el acceso a la tierra y mejorar la cualificación profesional de los jóvenes a través del intercambio intergeneracional y la consiguiente transferencia de conocimiento y experiencia práctica.

También participa de ese espíritu de traspaso de conocimiento otro de los programas de los que me siento particularmente orgulloso y que pusimos en marcha en 2020. Me refiero al programa ‘Cultiva’ de estancias formativas de jóvenes agricultores y ganaderos en explotaciones modelo. Es una iniciativa innovadora de formación. Tiene financiación exclusiva del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, pero se implementa en colaboración con las organizaciones representativas del sector. Los jóvenes tienen oportunidad de adquirir, ampliar o consolidar conocimientos sobre aspectos técnicos y de gestión que, luego, pueden aplicar en su propia actividad agraria.

Por otra parte, mantenemos el ‘Establecimiento de personas jóvenes agricultoras’ como el principal apoyo al relevo generacional, y que se financia a través de los fondos FEADER adoptando la forma del diseño que cada comunidad autónoma estima más eficaz. En conjunto, estimamos que las medidas del Plan Estratégico supondrán, en el periodo 2023-2027, la incorporación a la actividad agraria de más de 16.000 jóvenes agricultores y ganaderos. Entre ayudas directas y desarrollo rural, hay más de 230 millones anuales para apoyar el relevo generacional. Se trata de la mayor cifra destinada a este objetivo en los más de 60 años de historia de la PAC.

Innovación y digitalización

Si los jóvenes y las mujeres constituyen el factor humano en la ecuación del modelo agrario del futuro próximo, la innovación y la digitalización son los dos instrumentos de transformación más poderosos con que contamos para hacer frente a los desafíos que se nos plantean. Desde 2019, contamos con la ‘Estrategia de digitalización del sector agroalimentario y del medio rural’ como palanca con la que conseguir a) reducir la brecha digital en el sector; b) promover el uso de datos en la agricultura y ganadería; y c) promover el emprendimiento y el desarrollo de nuevos modelos de negocio en el sector. En el momento presente, está activo el segundo plan de acción de esta Estrategia con un ambicioso programa de formación y adquisición de habilidades digitales. Incluye cursos gratuitos ofertados a través del Centro de Competencias que hemos creado en colaboración con las universidades de Córdoba y Politécnica de Madrid.

Asimismo, en colaboración con la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, trabajamos en el desarrollo de espacios de datos sectoriales agroalimentarios.

Siempre digo que la tecnología del futuro ya está aquí y que uno de los lugares donde mejor se puede apreciar es en la actividad agraria. Pero es necesario que los avances y conocimientos lleguen también a las pequeñas y medianas explotaciones, que, por razones lógicas de capacidad, muchas veces tienen difícil el acceso.

Por ello, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), estamos impulsando un compendio de medidas para facilitar la implantación de las nuevas tecnologías también en este tipo de instalaciones. Una de ellas es el Kit Digital que cuenta con ayudas dirigidas a autónomos y pequeñas empresas. Me consta que UPA está haciendo una importante labor para que los pequeños agricultores y ganaderos se puedan beneficiar de ellas, y me congratulo por ello.

En este mismo orden de cosas, en los próximos meses, vamos a poner en marcha el Centro de Innovación Digital (Digital Innovation Hub) para el sector agroalimentario. Una de sus primeras actividades será abordar temas vinculados a la tecnología de regadíos y la eficiencia del agua.

El regadío es crucial para nuestra agricultura y para la seguridad alimentaria todos los años y cada día del año. Resulta paradójico que sólo se ponga en el centro de la opinión pública en épocas de sequía como la actual. Pero, efectivamente, el gran reto de la agricultura de regadío es la disponibilidad de agua en el futuro.

El escenario de cambio climático apunta a una reducción de los recursos hídricos disponibles antes del final del siglo. Según las regiones, se estima una horquilla de disminución entre el 12 y el 40%. Esta perspectiva nos obliga a actualizar y modernizar la gestión del agua en la agricultura con el fin de lograr un uso adecuado y eficiente de cada gota de agua.

En el periodo 2021-2027, tenemos prevista una inversión de más de 2.100 millones de euros, el volumen inversor en modernización de regadíos más ambicioso del presente siglo. Son inversiones provenientes tanto del PRTR y del PERTE Agroalimentario como de los Presupuestos Generales del Estado y del FEADER.

Para el Gobierno de España el modelo de agricultura familiar y profesional es una figura fundamental y la que mejor puede cumplir con el objetivo de garantizar la sostenibilidad de la producción agroalimentaria y la cohesión social y territorial de las zonas rurales. La apoyamos y la valoramos por ser la fórmula que mejor conjuga la producción de alimentos de calidad con la sostenibilidad medioambiental, económica y social.

Contenido publicado originalmente en el Anuario de la Agricultura Familiar 2023.